El hecho: La UPME expidió la Resolución 000358 de 2026 para agilizar la conexión de proyectos estratégicos de energía limpia al Sistema Interconectado Nacional.
¿Por qué es importante?: La medida busca acelerar la entrada de nueva generación eléctrica y reducir riesgos de desabastecimiento energético en los próximos años.
¿Cuál es el contexto?: Colombia enfrenta un aumento proyectado de la demanda energética y la necesidad de fortalecer la infraestructura eléctrica para incorporar más proyectos renovables.
¿A quiénes afecta y cómo?: La resolución impacta a empresas del sector energético, operadores de red y proyectos de generación renovable que buscan conectarse al sistema eléctrico nacional.
El dato que no se puede perder: El Gobierno busca garantizar confiabilidad energética y acelerar la transición hacia fuentes renovables, priorizando proyectos que ya cuentan con compromisos energéticos y licencias ambientales aprobadas.
El Gobierno nacional puso en marcha una nueva estrategia para acelerar la entrada de proyectos de energía renovable al sistema eléctrico colombiano. A través de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), el Ejecutivo expidió la Resolución 000358 de 2026, una medida con la que busca reducir los tiempos de conexión de iniciativas estratégicas y fortalecer la confiabilidad energética del país en los próximos años.
La normativa establece nuevos procedimientos técnicos y cronogramas para resolver las solicitudes de asignación de capacidad de transporte dentro del Sistema Interconectado Nacional (SIN), especialmente para proyectos que ya cuentan con compromisos energéticos o que avanzaron en sus trámites ambientales.
La nueva resolución de la UPME busca agilizar la conexión de proyectos de energías limpias y fortalecer la confiabilidad eléctrica
La decisión llega en un momento en el que el país enfrenta crecientes desafíos frente a la demanda de energía y la necesidad de incorporar nuevas fuentes de generación, especialmente aquellas provenientes de energías renovables como la solar y la eólica.
De acuerdo con el Gobierno, uno de los principales objetivos de la resolución es evitar que los retrasos administrativos y técnicos sigan frenando proyectos considerados estratégicos para garantizar el abastecimiento energético en el mediano plazo.
La medida también responde a advertencias realizadas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), entidad que señaló la necesidad de acelerar los procesos de asignación de capacidad de transporte para evitar riesgos de desabastecimiento hacia los años 2029 y 2030.
Entre los cambios más importantes que incorpora la resolución se encuentra la implementación de cronogramas definidos para los procesos de evaluación y asignación, con el propósito de disminuir tiempos de espera y dar mayor certeza a las empresas desarrolladoras de proyectos energéticos.
Asimismo, el documento establece criterios de priorización para iniciativas que ya tengan obligaciones energéticas adquiridas mediante subastas de confiabilidad o contratos de largo plazo, así como proyectos que cuenten con licencias ambientales aprobadas.

Otro de los puntos clave es la inclusión de nuevos parámetros técnicos para evaluar la robustez y estabilidad del sistema eléctrico ante un escenario de mayor participación de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER).
La resolución también contempla mecanismos para habilitar obras de expansión y mitigación en la infraestructura eléctrica, una medida que busca evitar cuellos de botella y facilitar la conexión de nuevos proyectos al sistema nacional.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró que la nueva normativa representa un paso importante para acelerar la transición energética y fortalecer la seguridad energética del país.
Según explicó el funcionario, el Gobierno pretende darle prioridad a proyectos que ya cuentan con viabilidad técnica y ambiental para que puedan entrar en operación con mayor rapidez y contribuir al suministro energético nacional.
Palma también afirmó que el Ejecutivo trabaja en medidas estructurales para responder al crecimiento de la demanda eléctrica y preparar al sistema frente a fenómenos asociados al cambio climático.
Además de agilizar trámites, la resolución incorpora metodologías de evaluación más amplias, considerando escenarios de demanda máxima, media y mínima, así como posibles condiciones operativas futuras del sistema eléctrico colombiano.
Con esta decisión, el Gobierno busca enviar un mensaje de estabilidad y confianza al sector energético, en medio de la necesidad de ampliar la generación eléctrica y avanzar en la incorporación de energías limpias al sistema nacional.
