Quien fue superintendente de Transporte, pasó por Conversaciones 360 para hablar sobre distintos tópicos concernientes al transporte en el país, enfatizando sobre las resoluciones tanto de transporte como de tránsito que llegan también para poner reglas aplicables en cuanto a la revisión tecnicomecánica, escuelas de conducción, entre otros.
360 Radio:
¿Qué va sintiendo a la hora de entregar el cargo en cuanto a lo que se hizo, de lo que ustedes han tratado de dejarle al país y sobre todo lo que personalmente tiene usted como sensación de mejora en todo Colombia?
Camilo Pabón Almanza (C.P.):
Como ciudadano siento una enorme satisfacción y en enorme orgullo de haber estado con un equipo liderado por el presidente Iván Duque, por la ministra Ángela María Orozco. Hasta hace un tiempo estaba trabajando en la Superintendencia de Transporte como superintendente de Transporte, en el sector llevamos los tres años y medio que lleva el Gobierno. Le puedo dar fe no solo de la honestidad, de la transparencia, de la rectitud sino también de la rigurosidad que tiene nuestra ministra para tomar las decisiones en este sector.
Se ha avanzado en muchos temas. Hay uno muy relevante. La ministra, desde el día en que llega, emitió una circular diciéndole a todas las cabezas de las entidades y a todos los funcionarios del sector que teníamos que recibir tanto al ciudadano que llegaba acompañado de un senador, de un gobernador, al taxista, al cochero, al busetero, a todo el mundo. Una buena parte del tiempo que hemos tomado en estos cuatro años es para estar en contacto directo con nuestro sector y en general con los ciudadanos. Eso nos ha permitido tener una sensibilidad inmediata de cualquier necesidad que haya en el sector, que fue vital en una época en donde nos tocó crisis que ni el sector privado ni tampoco el sector público hubiera previsto.
La institucionalidad, esa relación de confianza que tenemos entre el sector privado, los transportadores, los empresarios de transporte y el Estado es un enorme legado y en enorme resultado porque normalmente la desconfianza en las instituciones es lo que termina generando problemas, paros, entre otras situaciones. Tenemos una muy buena relación con el sector y eso es gracias a que la ministra ha estado dispuesta a reunirse con absolutamente todos y a generar esos espacios de diálogo.
360:
Cuéntenos acerca de la nueva resolución única de tránsito y de transporte, y sobre la normalización relacionada con los camiones que no están bien matriculados, en general cómo funciona el transporte de nuestro país.
C.P.:
El tema de la resolución única de tránsito y la resolución única de transporte tiene que ver con lo último que estábamos conversando. Justamente busca poner las reglas claras para que nadie sienta que le están haciendo trampa ni en la nación ni en ninguno de los municipios.
Con la ministra veníamos trabajando en la Superintendencia de Transporte con lo que allá se llamó la circular única de infraestructura y transporte. Consistía en dejar en un solo documento cuáles eran esas circulares que sacaba la Superintendencia de Transporte que eran vinculantes, obligatorias, para el sector. Esa era una de las grandes quejas que teníamos hace cuatro años.
Recuerdo cuando llegamos nos decían los transportadores que nos inventábamos reglas vía circulares y luego los sancionábamos por no cumplir con dichas circulares. La ministra trabajó y eso ya le mereció a dicha Superintendencia tres premios porque en su momento sacamos un concurso para identificar la circular más inútil, en donde los ciudadanos participaron y postularon cuál era la circular más inútil, nos dieron un premio por el esfuerzo de derogar normas obsoletas.
Ese esfuerzo que hicimos en la Super, la ministra lo está haciendo en el Ministerio de Transporte en temas como la resolución única de tránsito; allí se pueden encontrar todas las reglas aplicables a los centros de diagnóstico automotor que tienen que ver con la revisión tecnicomecánica, se pueden encontrar también las reglas aplicables a las escuelas de conducción o centros de enseñanza automovilística para hacer los cursos cuando una persona va a obtener la licencia de conducción y todos los temas de tránsito como el RUNT.
Si para el Ministerio y para las personas que están en las grandes ciudades es relativamente difícil saber cuáles son las reglas vigentes es relativamente fácil pensar que un municipio donde hay una secretaría de tránsito, que no tenga la capacidad técnica de tener un grupo de abogados mirando cuáles son las normas vigentes, comete errores, y esos errores perjudican a los camioneros, a cualquier ciudadano que vaya a hacer un trámite de tránsito en cualquier organismo de estos.
Esto va a tener un efecto inmediato en que las reglas sean muy claras para los ciudadanos y también para los transportadores. Publicamos para comentarios las dos resoluciones: la resolución única de tránsito y la resolución única de transporte. Ahí los ciudadanos nos van a mandar comentarios diciéndonos, por ejemplo: «Ojo, que se le olvidó poner una norma que sí está vigente y no la incluyeron en su compilación».
Al final del mes, vamos a tener como resultado esa resolución única que le da claridad a todo el sector transporte.
En cuanto a la normalización, este tema tiene que ver justamente con los transportadores de carga que en algún momento personas matricularon mal su camión, es decir, que no han cumplido con los requisitos legales al momento de matricular. El requisito que les faltaba tiene que ver, primero, con que tuvieron que haber chatarrizado o desintegrado otro camión antes de ingresar el que estaban matriculando.
Son los camiones que en el sector se conocen como mal matriculados, que en realidad se llama con omisión en su registro inicial. En el año 2017, salió una norma en donde dice que esos camioneros se les da la opción, en vez de cancelarles la matrícula lo que implicaría la prohibición de prestar servicio pública; entonces la opción es normalizar o subsanar su situación irregular. En los últimos meses hemos logrado cifras récord, en total se han marcado con esa regularidad más de 17.000 vehículos que corresponde más o menos al 1.0 % del total de vehículos de carga en el país.
De esos 17.000 ya van más de 4.900 que han normalizado su matrícula y más de 1900 que han aclarado temas con su registro inicial, es decir, entre las dos situaciones vamos fácilmente 7.000 vehículos que ya han superado su situación. Entre enero y febrero logramos cifra récord mostrando que los camioneros tienen no solo la voluntad sino también la intención de cumplir las normas, de regularizar su situación y no esperar a que llegue el día en que toque cancelarle su matrícula. Ese es el tema que tiene que ver con la legalidad y la formalidad con la que esperamos esté el sector transporte.
360:
El país conoció hace unos cuatro años un escándalo por el cartel de la chatarrización. ¿Podría decir que ese impasse se ha superado y ya se fortalecieron los procesos para garantizar que todo eso esté blindado ante cualquier mala intención de terceros?
C.P.:
Las personas que estuvieron involucradas en esas conductas delictivas ya han sido juzgadas, ya tienen sus condenas, sus declaratorias de responsabilidad y en efecto los procesos se han fortalecido. Esos procesos no solo dependen del Ministerio o de la concesión del RUNT, sino que también dependen de los organismos de tránsito, de las secretarías de movilidad o de tránsito, es un trabajo que va de lado y lado en el momento en que se va a hacer esto proceso y obviamente con las desintegradoras.
Hay varias medidas que se han tomado: capacitaciones que el Ministerio ha hecho con los organismos de tránsito contándoles cómo debe ser el proceso, cómo deben verificar la documentación, todos los controles que deben ponerse.
Por primera vez, la Superintendencia de Transporte le abrió investigaciones a las desintegradoras o chatarrizadoras porque, presuntamente, se habrían declarado como desintegrados vehículos que no habían desintegrado y esas investigaciones estuvieron andando, hubo algunas multas, declaratorias de inocencia también pero sí se ha fortalecido.
El ente de control sectorial, que es la Super, por primera vez abrió unas investigaciones en ese sentido y en realidad la transparencia se logra con reglas claras y en eso va a aportar tanto la resolución única de tránsito como de la transporte. Que a ningún camionero le digan que tiene que pagar más, en la medida en que las reglas queden claras para los organismos de tránsito y para los ciudadanos sí se han fortalecido los controles, y esto no quiere decir que no haya personas, posiblemente, abusen y cometer algún delito.
360:
¿Qué deja este Gobierno en lo que se refiere al RUNT, un sistema relativamente nuevo en Colombia?
C.P.:
El RUNT es un gran sistema. El RUNT les permite a los ciudadanos acudir a trámites que pueden realizarse de manera virtual, cuando alguien está en un puesto de control de la Policía y olvidó la licencia de conducción, muestra el mensaje de datos que genera el RUNT en la consulta eso es válido porque es una base de datos pública, con datos oficiales. También permite tener seguridad en temas tan importantes como es la propiedad de los vehículos en nuestro país.
El RUNT es ejemplo en muchos países del mundo, me consta que han venido a revisar cómo funciona este sistema, cómo funcionan otros registros que también administra el Ministerio de Transporte o algún concesionario.
Cuando este Gobierno llegó en agosto del año 2018 debió haber encontrado que ya había una licitación para el segundo contrato del RUNT, pues es una concesión a largo plazo -más de diez años-. El primer contrato iba finalizando y debimos haber encontrado una planeación, unos pliegos de condiciones, una licitación, una adjudicación a un nuevo contratista y adicionalmente el empalme del antiguo al nuevo concesionario.
Ni lo uno ni lo otro ocurrió, por lo que este Gobierno tuvo que iniciar con la estructuración y con la planeación para revisar cómo era que se iba a conformar ese nuevo RUNT, en su segunda concesión. Eso toma tiempo, llega la pandemia, el paro nacional de hace un año y otras situaciones que hicieron que la atención de todas las autoridades estatales se enfocara en temas asociados a las crisis que estaban en cada uno de los momentos.
Sin embargo, y a pesar de todas esas contingencias, el Ministerio logró estructurar satisfactoriamente la nueva concesión del RUNT con avances en temas de tecnología porque hace diez años era diferente a la de hoy, va a permitir que se hagan pagos electrónicos relacionados con los trámites que se vayan a realizar dentro del RUNT para evitar filas en alguna secretaría.
Respecto al Estado, la explotación económica que haya de la información en el RUNT por parte del concesionario, respetando las leyes de protección de datos, un porcentaje de lo que dicho concesionario explote va a llegar a las arcas de la nación; ya no se va a quedar como venía siendo en el patrimonio del concesionario.
El 27 de octubre del año pasado abrimos finalmente la licitación que debió haberse abierto en noviembre de 2016, finalmente la terminamos abriendo en octubre 27 y recibimos una enorme participación. En el equivalente del RUNT en Bogotá que es el SIM, se presentaron cinco proponentes, acá tuvimos ocho proponentes que eran conformados por 22 empresas, no había ninguna duda que el RUNT quedó muy bien estructurado, que tenía la capacidad de ser un negocio serio para atraer empresas extranjeras.
Como resultado de ese proceso adjudicamos el contrato el 23 de marzo con el respaldo de la Universidad Nacional, que hizo las veces de comité evaluador, para que fuéramos transparentes y para que la ciudadanía entendiera que había un tercero que sin ningún interés que hacer el trabajo bien revisara las propuestas y diera su dictamen de quién era el ganador. Se firmó el contrato y estamos en la etapa de transición entre el primer contratista y el nuevo contratista, ese es un gran logro que hubiera podido ser problemático dadas las circunstancias en las que encontramos esto en agosto pero realmente, después del esfuerzo, es una buena noticia para el país.
360:
¿Cómo conceptúa usted acerca de la edad del parque automotor en el país? Por otro lado, ¿cómo se ha intervenido en el mototaxismo que no está homologado ni regulado, que pone en peligro de muchas personas y que también es el sustento para quienes conducen?
C.P.:
En cuanto a la edad del parque automotor, el Gobierno ha dispuesto las regulaciones y los incentivos suficientes para comenzar a llevar al país hacia una transición a nuevos vehículos, nuevas tecnologías en el transporte particular y en el transporte público.
En el transporte público, concretamente para el transporte de carga pesada y liviana, se creó un programa de modernización, se crearon unos fondos que tienen distintas fuentes que van alimentando el fondo para que los propietarios de los camiones tengan cómo reponer, cómo cambiar sus vehículos que ya tengan más de 20 años de antigüedad.
En el caso de los vehículos de carga pesada, ya se han ejecutado por parte del Ministerio $117.000 millones que han ido para ayudar a los camioneros a que cambien sus vehículos y por lo tanto eso impacta positivamente la edad del parque automotor y obviamente todos los efectos medioambientales que eso tiene.
En el caso de los vehículos de carga liviana, en la ley de acción climática que se sancionó el año pasado, quedó la creación de unos fondos que van a buscar, con cooperación internacional y otras fuentes, ayudar a los transportadores para que tengan suficientes incentivos y ayudas para renovar su flota de vehículos, especialmente los pequeños propietarios.
También la transición en lo relacionado con los vehículos híbridos y eléctricos, en el caso de estos últimos la planeación que tenía el presidente tenía como meta cerrar en agosto con 6.600 vehículos eléctricos registrados en el país y esa meta la alcanzamos en febrero porque se han impuesto todos los incentivos para que los colombianos comiencen a adquirir ese tipo de vehículos. En el caso de vehículos híbridos van más de 26.000 registrados. Esto ayuda a la modernización y al ascenso tecnológico.
En cuanto al mototaxismo, no todas las regiones son iguales. Pensar que todo el país es como Bogotá o Barranquilla, no va a funcionar porque existen regiones donde se utiliza el transporte fluvial, hay regiones donde la solución podría ser el motocarro, que no es lo mismo que el mototaxi.
Hemos trabajado en dos niveles distintos, uno es en lo social. Todos entendemos que eso genera ingresos para la población que de otra manera no tendría su sustento y también genera soluciones de movilidad. Hay pocas cosas tan inseguras como el servicio público prestado en motocicletas, el ascenso en siniestralidad se debe al ascenso a la venta de motos en Colombia; y una cosa es manejar media hora motocicleta y otra es manejar cuatro y hasta ocho horas prestando un servicio público.
Hay muchas cosas que alrededor de las motocicletas es problemático, con el doctor Luis Lota -director de la ANSV- estamos trabajando para expedir unos reglamentos técnicos que exijan unas mejoras en frenos, que exijan unas mejoras para la motocicleta.
Hay que reconocer que regiones en donde la motocicleta podría ser una opción, en la actualidad está regulada la posibilidad en algunos municipios con algunas condiciones y eso lo hemos hablado con alcaldes para que implementen, si es el caso, la solución del motocarro.
También hemos generado unas soluciones para que, por ejemplo, en el transporte escolar se pueda usar transporte mixto, que son las chivas con algún nivel de seguridad mínimo y las zonas diferenciales de transporte que justamente lo que buscan es reconocer la realidad de cada uno de los territorios y darles soluciones de movilidad. Eso es un primer frente para las personas que no solo necesitan ingresos sino la solución de movilidad.
¿Qué hacemos con el control? Hemos trabajado muy fuertemente con la Policía Nacional, en su momento en la Superintendencia se ordenó la liquidación de una empresa, que por distintas razones sigue operando, llamada Picap. Entiendo que tiene otra sociedad en Estados Unidos y eso es otro problema pero se han tomado muchas medidas y hemos trabajado con alcaldes que en su momento han tenido la decisión ya sea de imponer restricciones o de poner controles y comenzar a multar a las personas que se dedican al mototaxismo porque en realidad no tiene que ver con que si consideramos que debería haber motos o no, sino de las consecuencias. La gran mayoría de personas que pierden la vida, o que resultan lesionadas, estuvieron en una motocicleta.
En el caso de los niños, el 50 % de los niños, niñas y adolescentes que terminan con lesiones o muertos en el país es en moto, en el sector transporte. Claro que es un problema y por eso tienen que complementarse esas dos estrategias, una parte el control pero de otro lado soluciones de movilidad, las que estamos trabajando con diferentes territorios.