La discusión sobre el salario mínimo de 2026 en Colombia dio un giro inesperado antes de su anuncio oficial pues aunque no hay anuncio oficial por parte del Gobierno de Gustavo Petro, en la tarde del 28 comenzó a circular en redes sociales un proyecto de decreto que propone un aumento del 23%, una cifra que reavivó el debate económico y político en el país.
¿Cuál sería el aumento del salario mínimo en Colombia?
De confirmarse el contenido del documento, el salario mínimo pasaría de $1.423.500 a $1.750.905, lo que representa un incremento absoluto de $327.405. El monto se acerca a los $1.800.000 que el ministro del Interior, Armando Benedetti, había mencionado públicamente a mediados de diciembre como una remuneración “deseable” para el próximo año.
El borrador del decreto, divulgado en redes sociales, sostiene que la decisión se adopta como una medida “debidamente motivada y constitucionalmente razonable”. Según el texto, el ajuste responde a tres objetivos centrales: preservar el poder adquisitivo frente a la inflación, avanzar hacia el salario mínimo vital consagrado en el artículo 53 de la Constitución y garantizar condiciones mínimas de subsistencia para los trabajadores de menores ingresos, sin desconocer la sostenibilidad macroeconómica y el empleo.
El documento también introduce de manera explícita el concepto de salario mínimo vital, una bandera del Gobierno de Gustavo Petro y de los sindicatos, que busca ir más allá del ajuste inflacionario tradicional y acercar el ingreso mínimo a un nivel que cubra efectivamente las necesidades básicas de los hogares.
Uno de los puntos clave del proyecto es que no plantea cerrar la brecha entre el salario mínimo legal y el salario vital en una sola vigencia fiscal. Por el contrario, propone una implementación gradual, con ajustes adicionales en los próximos años, bajo el argumento de evitar impactos abruptos en la estructura salarial y en las finanzas públicas.
“La decisión de aplicar un ajuste del 23% se fundamenta técnicamente en la comparación entre el salario vital estimado y el salario mínimo legal vigente”, señala el documento, que justifica el porcentaje como un punto intermedio entre la aspiración social y las restricciones económicas actuales.
Sin embargo, esta gradualidad también deja ver una tensión no resuelta: el choque entre la narrativa social del Gobierno y las alertas técnicas sobre los posibles efectos del aumento en el empleo, la informalidad, los costos empresariales y la inflación futura.
Un debate que sigue abierto
Aunque el Gobierno insiste en que el aumento será compatible con la sostenibilidad fiscal y que se hará seguimiento permanente a las variables económicas, la filtración del proyecto vuelve a poner sobre la mesa una discusión de fondo: hasta dónde puede estirarse el salario mínimo como herramienta de política social sin generar distorsiones en el mercado laboral.
Con el decreto aún sin expedir oficialmente, el salario mínimo de 2026 ya se convirtió en un símbolo de una negociación que, como han advertido varios analistas, “se puso rara” antes de terminar. La decisión final no solo definirá el ingreso de millones de trabajadores, sino que marcará el pulso entre la visión social del Gobierno y los límites económicos del país.