El salario mínimo en Colombia para 2026 ya empezó a tomar protagonismo en la agenda económica y laboral del país. Con más de tres millones de trabajadores que dependen directamente de esta cifra, la expectativa sobre su ajuste crece mientras avanzan las discusiones entre Gobierno, empresarios y sindicatos.
Para 2025, el salario mínimo fue fijado en $1.423.500 y será el punto de partida para la negociación de este año. El incremento que se defina no solo impactará el bolsillo de los trabajadores y sus familias, sino también a las empresas, la inflación y la dinámica del empleo formal.
¿Cuánto podría subir el salario mínimo en 2026?
Aunque aún no hay un acuerdo oficial, ya circulan estimaciones basadas en inflación proyectada y productividad:
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Con un escenario moderado —y teniendo en cuenta inflación y productividad— el aumento podría ubicarse alrededor del 6,5% al 7%, lo que llevaría el salario mínimo a una cifra cercana entre $1.515.000 y $1.523.000.
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En una postura más alta, impulsada por sectores que buscan un mayor ajuste real, el incremento podría oscilar entre 10% y 12%, ubicando el salario alrededor de $1.550.000 a $1.600.000.
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Algunos sectores sindicales y propuestas políticas han planteado aumentos superiores al 12%, lo que podría llevarlo sobre los $1.600.000.
Todo indica que la puja será intensa y que el Gobierno buscará garantizar un aumento que supere la inflación para que exista ganancia real del ingreso.
¿Qué factores definirán la cifra?
Para fijar el salario mínimo entran en juego elementos clave que definen el rumbo de la economía y el empleo en Colombia. El primero es la inflación proyectada al cierre del año, pues este indicador establece el piso mínimo del ajuste. El aumento salarial no puede estar por debajo del incremento de los precios, ya que su propósito central es evitar la pérdida de poder adquisitivo entre los trabajadores.
Otro factor es el crecimiento de la productividad laboral, entendido como la capacidad del país para producir más bienes y servicios con los mismos recursos. Cuando la productividad mejora, existe mayor margen para ajustar los salarios sin generar desequilibrios, ya que la economía estaría sosteniendo ese incremento con mayor eficiencia.
También se evalúa el impacto que tendrá el ajuste sobre el empleo formal y los costos para las empresas. Un aumento demasiado alto puede afectar especialmente a las pequeñas y medianas compañías, que son las mayores generadoras de empleo en el país. Si los costos laborales se disparan, algunas firmas podrían reducir contrataciones o migrar a la informalidad.
La capacidad fiscal del Estado y el efecto sobre precios y servicios públicos es otro elemento que define la discusión. Un incremento elevado puede presionar el gasto público, especialmente en programas y contratos indexados al salario mínimo. Además, podría trasladarse a los costos de bienes y servicios regulados, generando efectos en cadena.
Por último, la mesa analiza la dinámica económica tanto interna como internacional. Factores como el crecimiento global, el comportamiento del dólar, tasas de interés y el contexto regional influyen en la decisión. La concertación busca que el aumento final mantenga el poder de compra, pero sin poner en riesgo la estabilidad económica y el empleo formal.
Además del salario mínimo básico, también se ajustará el auxilio de transporte, aplicable para quienes ganan hasta dos salarios mínimos.
¿Quién toma la decisión y cuándo?
La Comisión Permanente de Concertación laboral se reúne entre noviembre y diciembre para buscar un consenso. Si no se llega a un acuerdo antes del 15 de diciembre, el Gobierno tiene hasta final de mes para decretar el aumento.
El Ejecutivo ha señalado su intención de que el ajuste para 2026 mejore realmente el ingreso de los trabajadores, sin desestimar los efectos macroeconómicos.
El aumento del salario mínimo no es solo un dato técnico: define la capacidad de compra de millones de personas, influye en la dinámica de consumo, afecta el mercado laboral y marca la dirección de la política económica del país.
Un incremento razonable podría fortalecer el poder adquisitivo y estimular la demanda interna; uno excesivo podría generar presiones inflacionarias y reducir la formalidad laboral.
Por ahora, la negociación avanza y los colombianos esperan que el resultado encuentre equilibrio entre justicia económica, sostenibilidad y empleo.
