Hablar del salario mínimo en Colombia hoy es, para economistas, técnicos y empresarios, una de las discusiones más incómodas del debate público. No porque el tema no sea relevante, sino porque decir lo que la gente no quiere escuchar suele tener un alto costo político. En términos simples, advertir sobre los riesgos de un aumento desmedido del salario mínimo es tan impopular como decirle a un niño que no puede comerse todas las golosinas de una sola vez: el daño no siempre es inmediato, pero llega.
En economía, casi nada tiene efectos instantáneos. Las decisiones de hoy se sienten meses o incluso años después. Sin embargo, el discurso público ha reducido el análisis del salario mínimo a una ecuación básica: si sube, el trabajador gana; si no sube lo suficiente, pierde. Esa lógica ignora variables estructurales como productividad, informalidad, inflación real y crecimiento económico.
Colombia parece haber normalizado una inflación cercana al 5% como si fuera un dato aceptable. Pero para una economía que apenas crece alrededor del 3%, ese nivel inflacionario no es neutro: es corrosivo. Reduce poder adquisitivo, encarece el crédito y presiona los costos empresariales, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, que son las mayores generadoras de empleo formal.
El salario mínimo, la informalidad y los costos que no se ven
Uno de los puntos menos discutidos en el debate público es la informalidad laboral, que se mantiene cerca del 55%. Cada aumento fuerte del salario mínimo, sin mejoras equivalentes en productividad, expulsa a más trabajadores hacia ese sector informal que no paga prestaciones, no cotiza pensión y no ofrece estabilidad.
A esto se suma un gasto público creciente que ha inflado la nómina estatal mediante contratos temporales y figuras de vinculación que no responden necesariamente a eficiencia, sino a lógica política. Mientras tanto, miles de colombianos han optado por emigrar, una variable que rara vez se incorpora en la narrativa optimista sobre empleo y salarios.
El Gobierno ha introducido conceptos como el “mínimo vital”, una noción ambigua que, llevada al extremo, podría justificar incrementos salariales desconectados de la realidad macroeconómica. Bajo ese escenario, los efectos no serían inmediatos, pero sí potencialmente severos: mayor presión inflacionaria, menor capacidad de contratación y una economía cada vez más rígida.
Un aumento hoy, un problema mañana
A diferencia de otros gobiernos, que contaron con bonanzas económicas, rebotes postpandemia o mayor margen fiscal, el actual Ejecutivo enfrenta restricciones macroeconómicas evidentes. Aun así, el contexto político y electoral hace prever un aumento significativo del salario mínimo, más por cálculo político que por sostenibilidad económica.
El problema no es solo la decisión en sí, sino quién asumirá las consecuencias. El próximo gobierno, sea cual sea su orientación, heredará un escenario complejo: menor margen para nuevos aumentos, necesidad de recortes en el gasto público y decisiones impopulares que contrastarán con el relato de “aumentos históricos” del pasado reciente.
Ese contraste será utilizado políticamente. El salario mínimo se convertirá en arma retórica: “yo sí aumenté, ellos no”. Poco importará si las condiciones ya no lo permiten o si los costos reales ya están incorporados en inflación, desempleo oculto e informalidad.
Más allá del aplauso inmediato
El debate sobre el salario mínimo en Colombia necesita salir del terreno emocional y entrar en el análisis estructural. Aumentarlo puede ser popular hoy, pero si no está respaldado por productividad, crecimiento y disciplina fiscal, termina afectando justamente a quienes dice proteger.
La economía, tarde o temprano, cobra la factura. El problema es que cuando llega, ya nadie recuerda quién tomó la decisión, solo quién tiene que arreglarla.