Colombia vive un momento decisivo en materia económica e institucional. El Gobierno decretó un aumento histórico del 23% en el salario mínimo, acompañado de medidas que impactan directamente los costos laborales, los precios y la estructura productiva. A simple vista, podría parecer una victoria para los trabajadores. Sin embargo, cuando se examinan los efectos reales, emerge una pregunta de fondo: ¿estamos protegiendo el poder adquisitivo de los colombianos o empujándolos a una nueva espiral inflacionaria?
La inflación no es un concepto abstracto. Es el aumento generalizado de los precios y, en la práctica, funciona como un impuesto silencioso que golpea con más fuerza a quienes menos tienen. Cuando todo sube, el arriendo, el mercado, el transporte, los servicios, el dinero rinde menos. Y en un país donde la inflación ha estado por encima de la meta del Banco de la República durante varios años, las decisiones que la alimentan terminan socavando el bienestar que dicen defender.
El problema no es que los trabajadores ganen más. Al contrario, todos queremos ingresos dignos. El problema surge cuando los aumentos se decretan sin respaldo en productividad, crecimiento o inversión. En Colombia, cerca del 60% de los precios del IPC están indexados directa o indirectamente al salario mínimo o a la inflación pasada. Esto significa que un aumento desproporcionado del mínimo se traslada rápidamente a los precios. Suben las cuotas de administración, los servicios de vigilancia, los costos del comercio y, finalmente, el costo de vida de todos.
Las consecuencias ya se sienten: reducción de personal en comercios, cierre más temprano de establecimientos y mayor presión sobre sectores intensivos en mano de obra. La paradoja es clara, apenas 1 de cada 10 colombianos gana el salario mínimo, y aun así, el impacto del alza lo pagan todos. Peor aún, los datos recientes muestran que disminuye el número de trabajadores que reciben al menos un salario mínimo, mientras aumenta la informalidad y el empleo con ingresos inferiores. Es decir, la política que pretendía beneficiar a los trabajadores termina empujando a muchos fuera del empleo formal.
La informalidad, que supera el 55% a nivel nacional y es mayor en zonas rurales, no es un detalle técnico: es la raíz de la precariedad laboral, de los problemas del sistema de salud y pensiones, y de la baja calidad de vida. En más de 700 municipios, el salario mínimo es una referencia distante frente a economías locales frágiles, con pocas empresas y escaso flujo de capital. Encarecer la contratación en esos territorios no crea prosperidad: destruye oportunidades.
A este escenario se suma un hecho institucional que no puede pasar desapercibido. Hoy la justicia regresa de vacaciones. Increíblemente, en Colombia la justicia se detiene por semanas. Pero lo verdaderamente relevante es que ahora deberán revisarse las demandas contra el aumento del salario mínimo y, especialmente, el decreto de “emergencia económica” expedido por el presidente.
Un decretazo que muchos juristas consideran abiertamente inconstitucional, con un objetivo claro: crear nuevos tributos y recaudar recursos en un momento en que la justicia no estaba en funciones. Gobernar por decreto, al margen de los contrapesos, no solo genera incertidumbre jurídica; también envía una señal negativa a la inversión y a la estabilidad institucional del país.
Se ha intentado, además, presionar a empresas y ciudadanos para que no “indexen” precios al aumento del salario mínimo. Pero la economía no funciona por decreto. Si los costos suben salarios, recargos nocturnos, dominicales, cargas regulatorias, los precios inevitablemente se ajustan. Pretender lo contrario es desconocer principios básicos y trasladar culpas a quienes producen, emprenden y generan empleo.
La verdadera discusión no es ideológica, es práctica. ¿De qué sirve un aumento nominal si el salario real se erosiona? ¿De qué sirve ganar más si no alcanza para pagar el arriendo, el mercado o el transporte? La trampa del populismo económico es prometer bienestar inmediato a costa de problemas mayores mañana; inflación, informalidad, menor inversión y menos empleo formal.
Hay caminos responsables. En el pasado reciente, Colombia avanzó en la reducción gradual de la jornada laboral, mejorando la calidad de vida sin disparar la inflación. Ese tipo de reformas, basadas en productividad, formalización y crecimiento, sí protegen al trabajador. Lo que necesitamos hoy es estabilidad de precios, reglas claras, confianza institucional y un entorno que permita a las empresas contratar más y pagar mejor de forma sostenible.
Con el regreso de la justicia, se abre una oportunidad para que el país recupere el equilibrio, que se revisen los decretos, que se restablezcan los contrapesos y que se devuelva la racionalidad a la política económica. Defender el poder adquisitivo no es oponerse a los trabajadores; es impedir que decisiones improvisadas conviertan el salario en una cifra cada vez más vacía. Colombia merece crecimiento con estabilidad, no atajos que comprometan su futuro.
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