Sandra Ortiz, la ex consejera presidencial, fue enviada a prisión por una jueza de la ciudad de Bogotá que determinó su reclusión mientras avanza el proceso judicial en su contra, en el marco de uno de los mayores escándalos de corrupción de la actual administración.
Sandra Ortiz de consejera presidencial a protagonista de un escándalo de corrupción
Ortiz enfrenta graves acusaciones por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos. Este caso se originó en la investigación sobre presuntos sobrecostos en la adquisición de carrotanques por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Sin embargo, las indagaciones han ido más allá, al destaparse una red de supuestas coimas dirigidas a congresistas para asegurar apoyo a iniciativas del Gobierno en el Congreso.
El nombre de Ortiz salió a la luz tras las declaraciones de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, quien aseguró que la exfuncionaria habría recibido 3.000 millones de pesos colombianos (aproximadamente 688.500 dólares). Según Pinilla, ese dinero tenía como destino a Iván Name, quien era presidente del Senado en el momento de los hechos.
Sandra Ortiz, política boyacense y copartidaria de Name en el Partido Verde, ha negado rotundamente las acusaciones en su contra. A través de sus abogados, sostiene que no tuvo participación en los hechos señalados y asegura que las declaraciones de Pinilla son infundadas. Por su parte, la Fiscalía sostiene que cuenta con pruebas sólidas para vincularla al esquema de corrupción, en el cual se habrían desviado recursos públicos de forma sistemática.
Este caso ha generado conmoción en el panorama político del país, pues se suma a una serie de denuncias por presuntas irregularidades en la gestión de recursos públicos. La captura de Ortiz representa un golpe para el Gobierno, que ha reiterado su compromiso con combatir la corrupción.
Mientras tanto, la defensa de la exconsejera busca apelar la decisión de prisión preventiva, argumentando que no existen riesgos procesales que justifiquen su reclusión.
El juicio de Ortiz promete ser uno de los procesos más seguidos del año próximo, con implicaciones que podrían alcanzar a otros actores políticos y administrativos de alto perfil.
Lea también: Exportaciones de Colombia crecen un 6,6% en octubre, según el Dane
