En una declaración que ha sacudido el panorama político y de seguridad en Colombia, el expresidente Juan Manuel Santos responsabilizó directamente al gobierno de Gustavo Petro por la reconfiguración y fortalecimiento de las disidencias de las FARC.
Santos, principal arquitecto del Acuerdo de Paz de 2016, señaló que la actual administración no solo legitimó a estos grupos criminales, sino que los ayudó a consolidarse como una estructura armada con presencia nacional.
Disidencias de las FARC fueron legitimadas por el gobierno Petro, según Santos
Durante una intervención reciente en un foro privado, cuyas palabras fueron divulgadas por medios y luego confirmadas por su equipo, el exmandatario fue contundente: “Las disidencias de las FARC eran un grupo muy pequeño, disperso, dedicado al narcotráfico. Pero este gobierno, el primero en hacerlo, las recogió con helicópteros del Estado, las organizó y las convirtió en lo que ahora llaman Estado Mayor Conjunto”.
Por qué es importante: La afirmación del Nobel de Paz no solo reaviva el debate sobre los resultados de la política de “Paz Total”, sino que pone en tela de juicio el papel del alto comisionado de paz, Danilo Rueda, y las decisiones estratégicas del gobierno Petro frente a grupos armados ilegales.
Santos sostiene que, bajo el pretexto del diálogo, el Ejecutivo actual dio estatus político a estructuras que, en su origen, eran esencialmente redes narcotraficantes sin cohesión ideológica.
Esta acusación se produce en un momento especialmente tenso, con el incremento de acciones violentas por parte de las disidencias en regiones como el Cauca, el sur del Meta, Putumayo y Nariño, donde estos grupos han intensificado ataques, desplazamientos forzados y extorsiones.
Detalles: Santos afirmó que fue en abril de 2023 cuando el gobierno Petro llevó a cabo lo que describió como “una grave equivocación política”: trasladar en aeronaves del Estado a voceros de distintos grupos ilegales hasta los Llanos del Yarí, donde se realizó un encuentro que culminó con el reconocimiento oficial del “Estado Mayor Central” de las FARC.
“Ahí, en ese evento, el gobierno les entregó estatus, los consolidó. Ellos antes estaban divididos, eran actores criminales sin articulación. Fue el Estado el que los convirtió en una fuerza unificada”, agregó el expresidente.
Dicha afirmación ha sido respaldada por diversos analistas de seguridad y por informes de inteligencia que alertaban sobre el riesgo de reconocer como actores políticos a estructuras armadas sin voluntad real de paz y con fuertes nexos con el narcotráfico y la minería ilegal.
Contexto: Tras la firma del Acuerdo Final en 2016, alrededor de 13.000 combatientes de las antiguas FARC dejaron las armas.
Sin embargo, algunos comandantes medios y estructuras regionales optaron por mantenerse en la ilegalidad, argumentando falta de garantías o simplemente por el lucrativo negocio de las economías ilícitas.
Estos grupos, conocidos como disidencias, se mantuvieron inicialmente dispersos y sin liderazgo central. Pero la política de “Paz Total” del gobierno Petro, que promueve el diálogo sin condiciones con todos los actores armados, abrió la puerta para que estos fragmentos se reorganizaran y presentaran una nueva cara: la del “Estado Mayor Central”, liderado por alias “Iván Mordisco”.
Santos asegura que este reagrupamiento no fue espontáneo, sino facilitado por el Estado: “Esto no lo hicieron solos. El gobierno actual los ayudó, los transportó, los reunió, les dio reconocimiento. Ahora estamos viendo las consecuencias”.
El conflicto que no cesa: Mientras el debate político sube de tono, la realidad en los territorios controlados por las disidencias es cada vez más crítica. Líderes sociales continúan siendo amenazados o asesinados, comunidades enteras son desplazadas, y la fuerza pública enfrenta cada vez más ataques.
Hoy las disidencias no son solo un actor residual del conflicto: han vuelto a convertirse en una amenaza estructural al Estado. Y si las palabras de Santos se confirman, esa transformación no fue resultado de su propio fortalecimiento militar, sino de una estrategia estatal que buscó el diálogo y terminó reorganizando la violencia.