Imaginemos que Colombia es lo que en realidad es: una compañía gigantesca, desordenada, con cincuenta millones de accionistas que no pueden vender su participación y un presupuesto que haría sudar a cualquier junta directiva seria. Tiene pasivos históricos, litigios abiertos, déficit estructural, presión internacional y una nómina que depende de que la caja no se incendie.
Ahora imaginemos que esa compañía abre convocatoria para su gerente general.
La junta no pediría “coherencia ideológica”. Pediría resultados. No preguntaría cuántos enemigos ha derrotado el candidato en debates televisados, sino cuántas organizaciones complejas ha administrado sin quebrarlas. No evaluaría la intensidad de su discurso moral, sino su capacidad de sostener una nómina en tiempos difíciles. No premiaría su talento para señalar culpables, sino su habilidad para asumir costos.
Y aquí empieza la tragedia nacional: nosotros insistimos en mandar a la entrevista a activistas profesionales.
El activista crónico es una figura fascinante. Vive en estado permanente de indignación. Detecta agravios con radar milimétrico. Tiene siempre un culpable a la mano. Es valiente en el micrófono, implacable en la denuncia, disciplinado en la confrontación. En la oposición es útil. En la gerencia es un riesgo. Porque gobernar no es acusar. Gobernar es pagar cuentas.
La Presidencia no es un tribunal moral ni una oficina de ajustes de cuentas históricos. Es el lugar donde alguien tiene que sentarse con cifras frías y aceptar que los recursos no alcanzan para todo, que los mercados reaccionan, que la inflación no se regaña, que la inversión no llega donde hay incertidumbre, que el empleo no se crea con eslóganes. Pero nosotros seguimos confundiendo vehemencia con competencia.
Examen básico para aspirantes:
¿Ha administrado estructuras con miles de personas bajo su responsabilidad directa?
¿Ha gestionado presupuestos complejos con metas verificables?
¿Ha conciliado intereses empresariales y laborales sin incendiar la mesa?
¿Ha respetado límites institucionales incluso cuando le resultan incómodos?
Silencio incómodo.
Porque buena parte de nuestra clase política ha hecho carrera en la trinchera. En el litigio simbólico. En el señalamiento perpetuo. Han perfeccionado el arte de decir “usted es el problema” con elegancia parlamentaria. Lo que no han perfeccionado es el arte de resolver sin dinamitar.
El activista necesita conflicto como el pez necesita agua. Si el conflicto se reduce, su relevancia disminuye. Por eso el incentivo perverso: mantener la polarización viva. Siempre hay que tener un antagonista. Siempre hay que convertir el desacuerdo técnico en drama existencial. Siempre hay que transformar una diferencia de criterio en batalla épica. Y mientras tanto, el país productivo —ese que paga impuestos, que genera empleo, que arriesga capital— observa con una mezcla de resignación y masoquismo cómo se romantiza la incompetencia ejecutiva.
Porque seamos honestos: dirigir Colombia exige hablar con empresarios sin tratarlos como caricaturas, entender de macroeconomía sin recitar consignas, respetar contrapesos sin soñar con domesticarlos. Exige carácter para decir “no alcanza” cuando no alcanza. Exige madurez para aceptar que el poder no es un megáfono personal. Pero nosotros, generosos como siempre, aplaudimos al que grita más fuerte.
Imaginen la entrevista final en Colombia S.A.:
—¿Experiencia ejecutiva administrando estructuras complejas?
— Tengo una trayectoria sólida en confrontación política y movilización callejera.
(Traducción empresarial: nunca he tenido que pagar nómina.)
— ¿Capacidad probada para generar empleo sostenible y atraer inversión?
— Tengo coherencia ideológica y convicciones firmes.
(En lenguaje de junta directiva: no tengo la menor idea de cómo funciona un flujo de caja, pero me sobra la verborrea.)
— ¿Ha manejado crisis macroeconómicas reales? Inflación, devaluación, pérdida de confianza inversionista?
— He denunciado el modelo durante años.
(Magnífico. El incendio se apaga con comunicados.)
— ¿Respeta usted a quienes lo contradicen, a la prensa, a los jueces, a los empresarios que no comparten su visión?
— Depende de quién contradiga y desde qué intereses.
(Respuesta honesta, por fin. En Colombia S.A. eso se traduce en: el que no aplaude estorba.)
— ¿Ha trabajado de la mano con el sector productivo para crear riqueza antes de redistribuirla?
— Mi prioridad es la justicia social.
(Como si la justicia social flotara en el aire y no necesitara empresas que la financien. Como si el empleo surgiera de los discursos y no del riesgo que alguien decide asumir.)
La junta directiva sensata cerraría el proceso en ese instante. Nosotros, en cambio, lo convertimos en tendencia.
Colombia no necesita más activistas crónicos aspirando a la gerencia. Necesita adultos. Necesita gente que entienda que gobernar es aburrido, técnico, ingrato y lleno de restricciones. Que el poder no es una cruzada personal sino una responsabilidad con consecuencias.
En ninguna empresa seria se contrataría como CEO a alguien cuyo principal logro haya sido denunciar al anterior gerente. En ninguna empresa se elegiría a quien desprecia a los proveedores, sospecha de los inversionistas y considera que la crítica es sabotaje. En ninguna junta directiva medianamente sensata se premiaría la rabia por encima de la competencia técnica.
Así que el aviso queda publicado, por si alguien quiere leerlo sin romanticismo:
“Se busca Presidente con experiencia real administrando complejidad. Con comprensión profunda de la economía productiva. Con respeto probado por la institucionalidad. Con tolerancia a la crítica sin delirios de persecución. Con capacidad de gobernar sin convertir cada decisión en una batalla cultural.
Abstenerse redentores permanentes. Abstenerse fiscales vitalicios del pasado. Abstenerse activistas crónicos que confunden micrófono con gerencia.”
Porque la indignación puede ser rentable en campaña. Pero la incompetencia ejecutiva, esa sí, la pagamos todos.
Por: Juan Diego Vélez Forero -@juandiegovelezf