Por: Cecilia López Montaño
Si el documento que el Consejo Gremial le presentó al presidente electo Iván Duque tuviera dos páginas, cabría la posibilidad de explicar su contenido como el resultado de la improvisación. Lo preocupante es que son 52 páginas, y como lo han mencionado los miembros de dicho Consejo, fue el resultado de amplios debates para poder llegar a un consenso. Por consiguiente, no es aventurado afirmar que lo que está consignado en dicho documento, sobre el cual el presidente electo ha tenido una primera reacción positiva, es lo que realmente piensan los sectores que representan el capital en nuestro país.
Por la gravedad de lo que se afirma, ya en pleno debate en medios de comunicación, varias preguntas ameritan una seria respuesta por parte de esta cúpula empresarial. No puede negarse que algunas de las sugerencias ameritan análisis, y evaluado el costo político de implementarlas podrían ser positivas, pero…
La primera que requiere una respuesta es cuáles son los principios básicos que orientaron dicha propuesta y, por consiguiente –igualmente importante–, dónde están los estudios que sustentan sus ideas. Sobre el primer punto, es evidente que este documento responde a un concepto de desarrollo que parte de un supuesto: el crecimiento de la economía y el bienestar de su población –que solo mencionan vagamente– depende exclusivamente del sector empresarial, de su capacidad de competir exitosamente, lo cual va de la mano de las cargas e incentivos que le ofrezca el Estado.
Se olvidan del diagnóstico real de esta sociedad colombiana llena de desigualdades e injusticias sociales y de la responsabilidad del Estado, no solo sobre la dinámica de la economía, sino sobre su compromiso constitucional que lo obliga a asegurar que estos sectores de población rezagados mejoren su calidad de vida, lo cual se financia, en alta proporción, con los impuestos que paga la ciudadanía.
Con respecto al respaldo técnico de estas recomendaciones al próximo gobierno, es fundamental mostrar los estudios en que se basaron. Lanzar ideas que afectan a las personas, a las finanzas públicas y en general al país, sin el respaldo de los análisis serios y objetivos que las justifiquen es irresponsable. Cuando se les piden a miembros del Consejo Gremial explicaciones más sustantivas, se les nota en las entrevistas, bastante dubitativos.
Para empezar, es necesario referirse a dos temas, impuestos y pensiones. Sobre el primero, y para utilizar el lenguaje del sector empresarial, lo que están proponiendo es Robin Hood al revés. Bajen los impuestos a las empresas, incluyendo la eliminación de la carga parafiscal, pero la compensación vendría cobrándoles a sectores llamados ‘vulnerables’, o sea a aquellos que acaban de superar la línea de pobreza y que fácilmente pueden volver a caer en esa situación. Pero ni una palabra sobre los individuos ricos, dueños muchas de las empresas que defienden y que saben muy bien cómo evadir su responsabilidad impositiva. Olfato político, cero, es lo que ustedes han demostrado. Por lo menos por equilibrio, han debido referirse también a estos poderosos que se las saben todas para no pagar impuestos, y no solo es un tema de evasión o elusión.
La progresividad que tanto alegan los dirigentes gremiales no la llevan hasta justificar lo obvio: que los dueños de sus empresas son los que como individuos deberían contribuir en mayor proporción al fisco, como sucede en las naciones menos injustas que Colombia. Es cierto que en nuestro país, la carga impositiva ‘nominal’ cae sobre las empresas y no sobre las personas, pero ese cambio debe empezar por lo obvio: que los individuos ricos realmente paguen de acuerdo a sus ingresos. También ignoran, la diferencia entre la tasa impositiva nominal, que es la que pelean, con la real que es muy baja y similar a la que solicitan, pero sobre este tema no se escucha ninguna palabra.
Ahora bien, las propuestas sobre la reforma pensional son de una improvisación total ¿Han realizado estudios actuariales para hacerlas?, o basta solo con la percepción de ustedes que solo ven una parte de Colombia, la moderna, e ignoran la otra parte, rezagada en su mayoría. Interesante ver la posibilidad de que la pensión se liquide con el salario promedio de toda la vida. Hasta la persona menos formada sabe que esto terminaría en pensiones muchísimos más bajas que aquellas que se basaban en el promedio de salarios durante los últimos 10 años laborales.
Precisamente por las fallas anotadas, salen a relucir profundas contradicciones. Pretenden que prácticamente se acabe con los parafiscales que actualmente, pagan los empleadores, y señalan que el Estado debe asumirlos. A la vez, la reducción de la tasa que deben pagar las empresas no se demuestra que se compense con otros ingresos.
Si a lo anterior se agrega la idea de limitar la financiación de ciertas incapacidades de los trabajadores que quedarían por fuera del seguro de riesgos laborales, la conclusión obvia es que al Consejo Gremial se le fueron las luces, al menos en estos dos temas.