El salario mínimo en Colombia para 2026 volvió al centro del debate nacional tras el anuncio del presidente Gustavo Petro, quien el 29 de diciembre de 2025 confirmó que el ingreso básico mensual será de $2.000.000, incluido el auxilio de transporte. La decisión representa un incremento del 23%, uno de los más altos en la historia reciente del país, y fue presentada por el Gobierno como una medida para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores.
Sin embargo, el anuncio generó una inmediata reacción crítica desde sectores empresariales, académicos y políticos, que advierten sobre riesgos legales, económicos e inflacionarios asociados a la medida. El principal cuestionamiento gira en torno a si el aumento cumple con los criterios técnicos exigidos por la Constitución y la ley.
Aumento del salario mínimo de $2 millones en Colombia desata controversia legal y política
Aunque el Ejecutivo está facultado para fijar el salario mínimo por decreto cuando no hay consenso en la Comisión Permanente de Concertación, expertos recuerdan que esa potestad no es discrecional. La Ley 278 de 1996 obliga al Gobierno a sustentar la decisión en variables como la inflación observada, la productividad laboral, el crecimiento económico y la sostenibilidad fiscal.
En este escenario, analistas en derecho público señalan que el decreto del salario mínimo podría ser demandado ante el Consejo de Estado mediante un medio de control de nulidad. El argumento central sería un eventual desconocimiento de los parámetros técnicos que deben justificar el incremento.
“La jurisprudencia ha sido consistente en exigir motivación económica sólida”, explican especialistas, al recordar precedentes judiciales en los que se estableció que la voluntad política, por sí sola, no es suficiente para respaldar un aumento salarial. Un fallo del alto tribunal de 2016 reiteró que el Gobierno debe demostrar de manera clara cómo aplicó los criterios legales.
Además de la nulidad, los demandantes podrían solicitar medidas cautelares para suspender temporalmente el decreto mientras se define su legalidad. De prosperar, el aumento no entraría en vigor de inmediato, lo que tendría efectos directos sobre empresas, trabajadores y el gasto público.
Otra vía de análisis es el control constitucional. Juristas advierten que, si se demuestra que el incremento compromete la sostenibilidad fiscal o altera el equilibrio del orden económico y social, la Corte Constitucional podría pronunciarse. El alto tribunal ha insistido en que el salario mínimo debe ser vital y móvil, pero compatible con la estabilidad macroeconómica.
El debate también llegó al Congreso de la República, donde sectores de oposición han anunciado debates de control político para que los ministros de Trabajo y Hacienda expliquen los estudios técnicos que respaldan la medida. No se descartan acciones más drásticas si se evidencian impactos negativos en empleo e inflación.
A este panorama se suma el Banco de la República, cuya función es preservar la estabilidad de precios. Un eventual pronunciamiento del emisor sobre el impacto inflacionario del aumento podría convertirse en un insumo clave dentro de procesos judiciales.
Las críticas se intensificaron tras las declaraciones del exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, quien calificó el aumento como perjudicial para la mayoría de los colombianos y llamó públicamente a demandar el decreto, señalando riesgos para la economía nacional.
A demandarlo en beneficio del 90% de colombianos que se van afectados por la medida del día de hoy del gobierno !! No podemos permitir la destrucción de colombia 🇨🇴 sin argumento de sensatez.https://t.co/Xox5pZTLIG pic.twitter.com/XS6nd68755
— José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) December 30, 2025
Mientras el Gobierno defiende el incremento como una apuesta social, el salario mínimo en Colombia 2026 podría terminar definiéndose no solo en el terreno político, sino también en los estrados judiciales, donde se evaluará si la decisión cumple con los criterios legales y económicos exigidos por el ordenamiento jurídico.
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