El hecho: El sector hospitalario presentó al nuevo Gobierno un decálogo de propuestas para atender la crisis financiera que atraviesa el sistema de salud.
¿Por qué es importante? Porque hospitales y clínicas advierten que la falta de liquidez está poniendo en riesgo la continuidad y calidad de los servicios de salud.
¿Cuál es el contexto? Las IPS reportan una cartera acumulada de $25,7 billones, en su mayoría correspondiente a obligaciones vencidas de las EPS, especialmente de las intervenidas.
¿A quiénes afecta y cómo? A hospitales, clínicas, trabajadores de la salud y pacientes, debido a que el retraso en los pagos limita la compra de insumos, medicamentos y el funcionamiento de los servicios.
¿Qué intereses hay en juego? La sostenibilidad financiera del sistema de salud, el pago de las obligaciones a los prestadores y la continuidad en la atención de millones de usuarios.
Dato clave a tener en cuenta: El sector alertó que una eventual liquidación de Nueva EPS sin garantías de pago podría agravar la crisis, ya que en liquidaciones anteriores los prestadores recuperaron apenas entre el 10 % y el 15 % de las deudas reconocidas.
El cambio de Gobierno llega en un momento determinante para el sistema de salud colombiano. Mientras la nueva administración define las prioridades de su agenda, hospitales y clínicas advirtieron que la situación financiera del sector requiere decisiones inmediatas para evitar que los problemas de liquidez continúen afectando la prestación de los servicios.
Con ese propósito, durante el Congreso Nacional de Hospitales y Clínicas, los representantes del sector entregaron una hoja de ruta compuesta por diez iniciativas que buscan atender las dificultades económicas que enfrentan las instituciones prestadoras de salud. Más que un listado de peticiones, el documento propone acciones para recuperar la estabilidad financiera y crear condiciones que permitan garantizar la continuidad de la atención a los pacientes.
La cartera hospitalaria sigue creciendo y aumenta la presión sobre las IPS
Uno de los principales motivos de preocupación es el incremento de las cuentas por cobrar que acumulan hospitales y clínicas. De acuerdo con el análisis presentado por el gremio, una muestra de 232 instituciones refleja obligaciones pendientes por $25,7 billones, cifra que evidencia las dificultades que enfrentan los prestadores para sostener su operación diaria.
El estudio también muestra que una parte importante de esos recursos corresponde a deudas vencidas, situación que limita la capacidad de las IPS para responder a compromisos como el pago de personal asistencial, la adquisición de medicamentos, la compra de insumos médicos y el mantenimiento de la infraestructura hospitalaria.
Dentro de ese panorama, la situación de las entidades promotoras de salud intervenidas continúa siendo uno de los principales focos de incertidumbre. Los hospitales señalaron que el comportamiento financiero de estas EPS ha incrementado el riesgo para la red prestadora, especialmente por los retrasos en los pagos.
La preocupación es mayor frente al futuro de Nueva EPS. Según las cifras expuestas por el sector, esta entidad concentra cerca de $7 billones de la cartera reportada y una parte significativa de esas obligaciones permanece vencida. Por esa razón, los prestadores consideran indispensable que cualquier decisión sobre su futuro contemple mecanismos que aseguren el reconocimiento de las deudas existentes.
En ese contexto, el gremio propuso acelerar un plan de saneamiento financiero que incluya mayor flujo de recursos hacia hospitales y clínicas, fortalecer el giro directo, actualizar los criterios con los que se calcula la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y establecer herramientas que permitan proteger a las instituciones frente a eventuales procesos de insolvencia de las EPS.
Los representantes del sector insistieron en que la discusión sobre el sistema de salud no debe concentrarse únicamente en cambios normativos. A su juicio, el reto más urgente es garantizar que hospitales y clínicas cuenten con los recursos suficientes para continuar operando, preservar la calidad de la atención y responder a la creciente demanda de servicios. En ese sentido, consideran que las primeras decisiones del nuevo Gobierno serán determinantes para recuperar la confianza del sector y avanzar hacia un modelo financieramente sostenible.
