Seguridad en el transporte público

Por  S. Juan Manuel Galán

Bogotá D.C., junio 22 de 2015.- El proyecto del nuevo código de policía superó su primer debate, no sin discusiones y dejando muchas expectativas entre ciudadanos y miembros del Congreso. En particular, dimos una fuerte pelea para incluir estrategias de reducción del consumo de sustancias psicoactivas desde un enfoque de salud pública y derechos humanos. Además luchamos para insertar mecanismos efectivos que respondan a las demandas de seguridad de los colombianos. En nuestra columna pasada, profundizamos en los temas de prevención y atención al uso y abuso de drogas; permítanme ahora, abordar la necesidad de responder a los crecientes problemas de inseguridad y falta de cultura ciudadana, que a diario aquejan a los citadinos colombianos.

La encuesta de Percepción de Seguridad y Victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá encontró que el 89 % de los bogotanos, piensan que el sistema de transporte público es el lugar en donde se sienten más inseguros, refiriéndose específicamente a TransMilenio. Según la encuesta, las mayores preocupaciones son los atracos (38 %), las congestiones en estaciones y portales (18 %), la presencia de delincuentes (10 %), la falta de control de las autoridades (8 %), las ventas ambulantes y los limosneros (6 %) y los casos de ‘manoseo’ a mujeres (5 %). Del total de los encuestados, el 21 por ciento aseguraron haber sido víctimas de un delito en el transporte público. Esta situación demanda respuestas en el nuevo código de policía; por esa razón, incluimos en el primer debate, medidas efectivas para mejorar la calidad del servicio de transporte público, exigiendo a los operadores la implementación de un sistema de video vigilancia en sus vehículos, para prevenir y combatir la criminalidad que ocurre dentro de ellos.

Todo el tiempo recibimos quejas de los ciudadanos sobre atracos, robo del celular y manoseo en Transmilenio. Por eso, creemos que como en la mayoría de los sistemas de transporte público del mundo, Colombia debe imponer la obligación de dotar a los buses de cámaras de vigilancia que sean monitoreadas desde el Centro Automático de Despacho de la Policía Nacional, so pena de que los operadores que incumplan, incurran en sanciones como multas e inmovilización del vehículo. Asumir un compromiso serio con la seguridad de los ciudadanos que se transportan a diario en el sistema de transporte público, demanda la utilización de nuevas herramientas tecnológicas y el compromiso de privados, que prestan un servicio público.