En medio del ruido de la transición presidencial, hay una discusión que no puede quedar relegada a un segundo plano: la de las condiciones jurídicas en las que actúan quienes integran la Fuerza Pública. Un documento de reflexión elaborado por un alto oficial con amplia trayectoria en el mando operacional de las Fuerzas Militares, y que ha circulado en círculos de defensa y seguridad, plantea un diagnóstico que merece ser leído con atención por el presidente electo Abelardo De la Espriella y por quien asuma el Ministerio de Defensa a partir del 7 de agosto.
El planteamiento central es tan simple como contundente: la seguridad jurídica es un multiplicador del poder de combate. Ningún soldado, suboficial u oficial debería tener que elegir entre cumplir una misión legítima y proteger su patrimonio, su libertad o el futuro de su familia. Cuando esa disyuntiva se instala en la tropa, el resultado no es abstracto: es menos iniciativa operacional, menos resultados contra las estructuras armadas ilegales que hoy controlan territorio en Antioquia, Cauca, Chocó, Norte de Santander, Nariño, Arauca y el Valle del Cauca, y más soldados que prefieren la inacción antes que el riesgo de un proceso penal que puede tomarles años y millones de pesos de su propio bolsillo.
Esta columna ha defendido de manera consistente el estado de derecho, la separación de poderes y la rendición de cuentas de quienes ejercen la fuerza en nombre del Estado. Nada de lo que sigue contradice esos principios. Por el contrario: un sistema que juzga con rigor y con conocimiento técnico es más legítimo, no menos, que uno que juzga con lentitud, con desconocimiento de la materia y, en la práctica, con una presunción de culpabilidad que la Constitución no autoriza.
Cuatro prioridades para la agenda de seguridad del próximo gobierno
Primero, dotar a las unidades tácticas de Policía Judicial permanente. Hoy esa capacidad, en la práctica, no existe de forma adecuada. Sin un cuerpo técnico que documente en tiempo real la legalidad de una operación, el militar queda solo frente a investigaciones que se abren meses o años después, cuando la evidencia de contexto ya se perdió. Corregir esto no es blindar a nadie: es garantizar que los hechos se investiguen con rigor desde el primer minuto, lo que protege tanto al uniformado inocente como a la credibilidad del proceso frente a eventuales excesos.
Segundo, cerrar la brecha de conocimiento entre la justicia y la doctrina militar. Es un problema real que fiscales, jueces e investigadores sin formación en Derecho Internacional Humanitario o en planeamiento operacional terminen interpretando estructuras de mando y órdenes militares con categorías propias del crimen organizado. Esa confusión no sirve ni a la justicia ni a las víctimas: produce fallos frágiles, procesos eternos y una desconfianza mutua entre la institución castrense y la Rama Judicial que nadie debería querer perpetuar.
Tercero, revisar el alcance actual del Fuero Penal Militar. El retroceso de esta jurisdicción, que se acentuó tras el Acuerdo Tripartito de 2006 entre el Ministerio de Defensa, la Fiscalía y la Procuraduría, respondió en su momento a una necesidad legítima de transparencia frente a la comunidad internacional. Casi veinte años después, es razonable preguntarse si el diseño actual logra el equilibrio correcto entre esa transparencia y la garantía de que los hechos derivados del servicio sean valorados, al menos inicialmente, por operadores judiciales con formación especializada. Fortalecer técnicamente esa jurisdicción —no debilitarla ni vaciarla— es compatible con el control posterior de la justicia ordinaria en los casos que objetivamente lo ameriten.
Cuarto, crear un verdadero sistema de defensa jurídica institucional. Ningún soldado debería tener que costear de su bolsillo, con cifras que según el propio documento pueden superar los 70 millones de pesos, la defensa de una actuación ordenada por el Estado. Un militar que enfrenta simultáneamente procesos en la JEP, la justicia ordinaria y escenarios disciplinarios necesita representación técnica financiada institucionalmente desde el primer momento, no como un privilegio, sino como una obligación elemental del Estado con quien arriesga su vida en su nombre.
Por qué esto no puede esperar
El próximo gobierno recibe un país con más de 27.000 combatientes vinculados a grupos armados ilegales, un crecimiento del 23,5% en apenas un año, y una tasa de masacres que ya superó en el primer semestre de 2026 casi la totalidad de lo registrado en todo 2025. Frente a ese panorama, la respuesta no puede limitarse a discursos de mano dura o a anuncios de despliegue militar. Se necesita una tropa que actúe con la confianza de que operar dentro de la ley será reconocido como tal, y no castigado con años de incertidumbre judicial por defecto.
El presidente electo y su futuro ministro de Defensa tienen ante sí una oportunidad concreta: convertir la seguridad jurídica de la Fuerza Pública en un eje explícito de la política de defensa, no como una concesión corporativa a los uniformados, sino como una condición necesaria para que el Estado recupere el control del territorio que hoy disputan las estructuras criminales. Un ejército que duda no protege; un ejército que actúa dentro de reglas claras, con respaldo institucional real, sí lo hace.