El Hecho: Fasecolda solicitó formalmente al Congreso eliminar el artículo 37 de un proyecto de ley que busca crear un seguro obligatorio de Responsabilidad Civil ligado a la licencia de conducción.
¿Por qué es importante?: El gremio advierte que la medida multiplicará el gasto de los hogares sin mejorar la seguridad vial, rompiendo la lógica técnica al asegurar un documento y no el uso real del vehículo.
¿Cuál es el contexto?: La iniciativa se encuentra actualmente en su cuarto debate legislativo y busca imponer un gravamen que operaría de forma adicional al ya existente seguro obligatorio (SOAT).
¿A quiénes afecta y cómo?: Afectará el bolsillo de más de 13 millones de ciudadanos obligados a pagarlo, imponiendo una carga económica uniforme incluso a quienes no conducen habitualmente ni poseen un automotor.
El dato que no se puede perder: Más de 13 millones de personas estarían obligadas a asumir el costo de esta nueva póliza según los datos reportados por el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).
La Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) ha encendido las alarmas frente al trámite legislativo que se adelanta en el Congreso de la República. A través de un pronunciamiento oficial, el gremio solicitó formalmente la eliminación del artículo 37 del Proyecto de Ley 277-25S–058 24C, el cual pretende implementar una póliza obligatoria de Responsabilidad Civil Extracontractual ligada directamente a la licencia de conducción, un gravamen que operaría de forma adicional al ya existente Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).
Panorama general: La iniciativa, que actualmente se encuentra en su cuarto debate, ha generado un profundo rechazo en el sector asegurador. Según los datos reportados por el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), se estima que más de 13 millones de personas en el territorio nacional estarían obligadas a asumir el costo de este nuevo seguro. Para el gremio de las aseguradoras, el principal impacto de esta medida radicará en el bolsillo de los ciudadanos, pues aseguran que multiplicará el gasto corriente de los hogares colombianos sin que esto represente un incremento equivalente o real en los niveles de protección y seguridad vial.
La raíz del problema, de acuerdo con el análisis del gremio, radica en que la propuesta altera la lógica fundamental de la gestión del riesgo. Al vincular el seguro a la vigencia de la licencia de conducción y no a la circulación efectiva del automotor, se desdibuja el nexo causal que justifica la cobertura. La federación recuerda que el riesgo asegurable brota del uso real del vehículo y de la actividad física de conducir, y no de la simple tenencia de un documento administrativo de autorización.
«Ser titular de una licencia vigente no significa, por sí solo, que una persona esté generando un riesgo real, pues puede no conducir habitualmente, no tener vehículo o no participar de manera efectiva en la circulación vial», puntualizó Fasecolda en su comunicado. De este modo, la reforma impondría una carga económica uniforme bajo un criterio puramente formal, en lugar de focalizarse en aquellos actores que efectivamente dinamizan el peligro en las vías, rompiendo con el esquema técnico que históricamente ha regido el aseguramiento obligatorio en Colombia.
Fasecolda alerta por nuevo seguro obligatorio ligado a la licencia de conducción
Esta falta de alineación afecta directamente la coherencia regulatoria del sistema de tránsito nacional, rompe el nexo indispensable entre riesgo y seguro, y entorpece de forma considerable la administración eficiente de la póliza propuesta.
Por qué es importante: El gremio enfatizó en que todo instrumento de aseguramiento requiere de una delimitación milimétrica para ser viable. Aspectos cruciales como la suficiencia de la cobertura, la definición nítida del interés asegurable, el cálculo de una prima técnicamente adecuada y los ajustes operativos indispensables deben revisarse con rigor técnico antes de convertir un producto financiero en una obligación de orden legal. De lo contrario, advierten, la medida se traducirá únicamente en una carga económica sin un retorno real o proporcional en protección para la ciudadanía.
Con la advertencia sobre la mesa y los datos del RUNT que dimensionan la afectación masiva, la discusión queda en manos del Congreso de la República, que deberá ponderar si avanza en la aprobación de este artículo o si atiende el llamado técnico del sector privado para evitar una presión económica adicional sobre el bolsillo de más de 13 millones de colombianos.
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