La reflexión gira en torno a las elecciones de 2026. Y conviene señalar, en primer lugar, que para las nuevas generaciones jamás existió duda o sospecha alguna sobre su realización. Justamente por eso, nunca había sido necesario aclarar o confirmar que esas elecciones se llevarían a cabo, o que unas elecciones se fueran a “cometer”, como si de un delito se tratara.
En Colombia existe un calendario constitucional y legal que establece, con absoluta claridad, las fechas en que deben celebrarse los comicios, tanto regionales como nacionales. Ese calendario es permanente, está por encima de cualquier gobierno de turno y constituye una garantía fundamental del orden democrático.
Que hoy sea necesario salir a confirmar que en 2026 habrá elecciones, sin contratiempos ni interferencias, ya deja entrever un inquietante manto de duda. Se trata de un mensaje turbio, incómodo, con un mal olor institucional que preocupa seriamente en una democracia como la colombiana, cuya estabilidad electoral ha sido reconocida internacionalmente.
Colombia, es cierto, atraviesa una situación crítica en materia de seguridad. Y en teoría, esa debería ser la única amenaza real para la realización de las elecciones. Porque el punto no es si se puede votar libremente en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Manizales o Pereira. El punto es que todo el país, cada colombiano habilitado para votar, pueda ejercer ese derecho con total libertad, con autonomía, con independencia, libre de constreñimientos. Ese es el ejercicio democrático fundamental.
Y aunque esto no es nuevo, desde hace varios años y especialmente desde las últimas elecciones presidenciales, ya se venía sintiendo la presión de actores armados ilegales en el territorio, lo cierto es que para las elecciones del próximo año esa amenaza no solo ha crecido, sino que ya es una realidad en muchos territorios. Una realidad visible, documentada y denunciada: donde hacen presencia grupos armados ilegales, terroristas, narcotraficantes y no la Fuerza Pública.
Por eso, la pregunta que corresponde, y con toda validez, es si en esos territorios se podrán realizar elecciones. Y es ahí donde debería concentrarse la atención del país. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo en las últimas horas, que aproximadamente el 76% del territorio nacional tiene presencia de la Fuerza Pública. Pero aun así al rededor del 24% del país está sin control institucional, es motivo de preocupación. Porque es igual de grave que no haya garantías en el 24% como en el 5%. En ambos casos se vulnera la democracia.
Y aquí hay que hacer un llamado claro al Gobierno Nacional: una de sus metas urgentes, sin dilaciones ni titubeos, debe ser garantizar que las elecciones de 2026 se lleven a cabo en el 100% del territorio nacional. Las elecciones deben seguir realizándose como lo han hecho a lo largo de la vida republicana del país. Nadie puede atreverse a cuestionarlo, a intentar modificarlo, ni mucho menos a insertar experimentos de última hora. Por encima de cualquier interés político está el país, sus instituciones y su modelo democrático.
Es necesario decir que todos quienes desean participar en las elecciones, ya sea para votar o para ser elegidos, deben contar con unas condiciones básicas mínimas para ejercer sus derechos. Y el Estado colombiano, representado por el presidente Gustavo Petro y su Gobierno, tiene la obligación de garantizar que así sea. Es un mandato constitucional y un deber ético con la ciudadanía.
Por último, en cuanto al tema del material electoral, hemos dicho muchas veces que entendemos las dudas que surgen cuando una misma empresa ha venido ganándose los contratos durante 10, 20, 30 o hasta 40 años. Es comprensible. Pero esas dudas no pueden traducirse automáticamente en sospechas de ilegalidad ni en la insinuación de que se está cometiendo un delito.
El Estado colombiano debería, eso sí, adelantar todas las investigaciones necesarias y, si corresponde, promover un entorno competitivo que permita la participación de más empresas. Pero la solución no puede ser, de un momento a otro, desbaratar un proceso que ha funcionado, que ha garantizado alternancia en el poder, ha generado confianza y ha sido reconocido internacionalmente por su legitimidad.
Lea también: Viajeros con escala en Bogotá podrán recorrer la ciudad por 24 horas sin recargo