La sequía más grave que sufre el país no es la del ‘Fenómeno del Niño’ que, además, tiene ardiendo a muchas zonas agrícolas, es mucho más grave la sequía de moral, lealtad con el país y respeto por la dignidad humana que padecen los magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que ratificaron la conexidad del delito de narcotráfico con el de rebelión.
Esa decisión sí incendia de desconcierto y profundo dolor a una sociedad que ha sufrido como ninguna la tragedia del tráfico de drogas. No puede ser posible que a estas alturas de la existencia, un Alto Tribunal sentencie que el cobro de ‘impuestos’ a los productores de hoja de coca por parte de las Farc, “evidencia la conexidad del tráfico de estupefacientes con la rebelión”. Es desconocer de tajo la participación directa de esa guerrilla como cartel de la droga (productor, dueño de plantaciones y rutas, aliado con mafias internacionales). Es una justificación infame. La conclusión es que, como se trata de ‘rebeldes’, alzados en armas, es válido que se hagan alianzas con las mafias para recaudar fondos. Otra arista más en la denominada combinación de todas las formas de lucha para llegar al poder.
La Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, ratificada por Colombia desde el 2000, expresa claramente que existen en el mundo grupos de terroristas, criminales, traficantes de drogas, tratantes de personas y otros que sacan ventaja de las fronteras abiertas, de los mercados libres y que actúan de manera cruel. En ninguna parte se abre la compuerta de la posibilidad de una conexcividad con lo político. ¿Otro convenio internacional engavetado?
Desde finales de los 90, los Estados miembros de Naciones Unidas activaron herramientas de cooperación para enfrentar las organizaciones del crimen internacional. Y, en ese marco, las Farc figuraban como terroristas y narcotraficantes. Resulta que ahora esas evidencias son ceniza, “el tal cartel de la FARC no existe” y solo cobraban a los productores, lo que es conexo a la rebelión. Este sí es un sapo de tamaño colosal. Como el narco-submarino que le incautaron a las Farc en febrero de 2015, en la frontera colombo-ecuatoriana, con capacidad para transportar seis toneladas de droga.
Juan Carlos Pinzón, ex ministro de Defensa, hoy embajador de Colombia ante los Estados Unidos, funcionario estrella de este gobierno, reveló en 2012 que los ingresos netos de las Farc procedentes del narcotráfico se calculan entre los 2.400 y los 3.500 millones de dólares por año. “Entre las 350 toneladas de cocaína que se producen en Colombia, algo así como 200, están relacionadas con las Farc”, dijo en su momento el alto funcionario. Sin duda alguna, son indicadores de cartel de drogas.
Es muy paradójico que en 2014 las Farc dijeran en un comunicado que si se lograba el fin del conflicto se buscaría “…poner fin a cualquier relación, que en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno”. Curioso que la Sala de Casación de la Corte Suprema se pronuncie casi en similares expresiones justo unas horas después del show en La Habana.
La mayor traición al país es declarar el narcotráfico como un delito conexo al político, no me cabe duda. La guerrilla sembró los territorios aledaños a los cultivos ilícitos de minas antipersonales y acudió a los francotiradores para sacar a las tropas que se atrevían. Cuántos caídos en la lucha contra ese flagelo para que estos magistrados desaparezcan ese terror que está en las entrañas de los colombianos.
La periodista Jineth Bedoya reveló en un documento en el año 2013 que el narcotráfico ha dejado veinte mil víctimas y más de diez mil millones de dólares invertidos en la lucha contra las drogas en los últimos treinta años.
El tono moral de la justicia colombiana da grima. No podría decir que se destempló sino que se despedazó. Se le da así la razón al mundo: el narcotráfico financia la política en Colombia. ¿Cuántas veces han preguntado los líderes de opinión de este país si lo que tenemos es una narco- justicia, narco-administración, narco-política o narco-democracia?
Aunque en este intento de refundar los valores de la Patria el narcotráfico si es para fines de rebelión se busque definir como algo encomiable, no se les olvide Señores de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, ustedes podrán declarar el delito del narcotráfico como un delito conexo, pero en el mundo es un delito transnacional que seguirá siendo perseguido sin consideraciones.
Después de escuchar la intervención del Dr. Humberto de la Calle anoche en plenaria del congreso, aun falta mucho. Muchas dudas quedaron flotando, no es claro que va a pasar con los militares que deberán ser juzgados por el mismo tribunal y con los 13 mil privados ( numero que duplicado a las FARC) ,la entrega de armas, la implementación de una justicia que pasa de de transnacional a restaurativa, la reparación de las víctimas, entre otros pendientes.
PD: Verdad , Justicia, Reparación y garantía de no repetición. Timochenko ya va en el de Verdad: no se arrepiente de nada.
