Por: Cecilia López Montaño
Han renunciado ya varios funcionarios públicos para no inhabilitarse y ser candidatos a la Presidencia de la República para el período 2018-2022. Así mismo, senadores y otros individuos fuera del servicio público están en campaña, oculta o abierta, para competir por esa alta posición. No se necesita más para reconocer que vivimos actualmente ese período de alta política, cuando las aguas se remueven con fuerza. Antes de que la necesidad de votos cierre las mentes y sepulte las ideas, es bueno empezar, como hace Moisés Wasserman —en su reciente columna de El Tiempo— a plantear ideas que ojalá no se queden como simples constancias históricas de unos pocos soñadores de este país.
Una de las ideas más importantes que los precandidatos deberían empezar a asimilar consiste en reconocer de partida que la Colombia de hoy tiene dueños, como tiene dueños la tierra, el capital y, para desgracia de muchos, las ciudades y los departamentos enteros. Que viva la propiedad privada, pero no de los bienes públicos como los baldíos de la Nación, la salud, la buena educación y en general, todo lo que contribuye al bienestar de la población. Esta es la esencia de la profunda desigualdad del país que se expresa de todas las formas posibles, incluyendo las muertes evitables por tragedias predecibles, que se concentran generalmente en los pobres. Mocoa, Manizales, el edificio en Cartagena, entre muchos más casos, lo comprueban.
Por ello, una de las ideas que deberían hacer parte del debate presidencial es cómo volver a Colombia un país donde se cumpla el principio básico de nuestra Constitución, es decir, ser un Estado de Derecho, donde todos los ciudadanos sin distinción alguna puedan hacer realidad el acceso a esos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Estas son palabras mayores que afectan especialmente el ejercicio de la política en el país, porque los primeros que se consideran los dueños de sus feudos son precisamente estos gamonales que creen que todo se compra, empezando por la voluntad de la gente. Y como precisamente ellos y sus decrépitos partidos siguen siendo claves en las elecciones presidenciales, es bueno que la ciudadanía empiece a preguntar a los precandidatos o candidatos qué van a hacer para que se avance en hacer realidad que Colombia sea de todos.
Esta idea también es apropiada para los funcionarios públicos que, como las reinas por un día, creen que serán amos y señores, mientras dure su permanencia en una alta posición del Estado. Pero aun aquellos que no padecen de ese síndrome se verán sometidos a las presiones de aquellos políticos y empresarios que piden y piden en su calidad de dueños de todo. Resistir esa presión debe ser una de las virtudes de todo funcionario público y también de aquellos empresarios que reconozcan sus límites. Aplicar el principio de que los bienes públicos no tienen dueño es el inicio de un país justo y equitativo. ¿Será posible?
