La discusión por el salario mínimo de 2026 arrancó formalmente esta semana en la Mesa de Concertación Laboral y Salarial, pero el primer balance dejó más interrogantes que definiciones. Tras una reunión que se extendió por cerca de cuatro horas, Gobierno, empresarios y centrales obreras iniciaron el intercambio de posturas sin que, hasta ahora, existan cifras oficiales ni acuerdos sobre el incremento que regirá el próximo año.
Así lo confirmó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, al término del encuentro, en el que las partes expusieron argumentos técnicos y políticos, pero evitaron poner porcentajes sobre la mesa. Según explicó el funcionario, los diálogos se mantienen abiertos y el proceso apenas comienza, en un escenario marcado por posiciones aún distantes.
El debate por el aumento del salario mínimo 2026 avanza sin propuestas oficiales sobre la mesa
Sanguino recordó que la comisión tiene plazo hasta el próximo 15 de diciembre, a las 11:59 de la noche, para intentar alcanzar un consenso. De no lograrse un acuerdo dentro de ese término, la definición del salario mínimo quedará en manos del Gobierno nacional mediante decreto.
El cronograma del Ministerio de Trabajo había señalado el martes 9 de diciembre como el denominado día del “destape”, fecha en la que cada sector debía presentar su propuesta formal de aumento. Sin embargo, el calendario no se cumplió y las cifras no fueron oficializadas, lo que prolonga la incertidumbre alrededor del ajuste salarial.
El propio ministro reconoció que, al inicio de las conversaciones, esperaba una mayor cercanía entre las posiciones, aunque admitió que ese escenario, por ahora, no parece probable. Aun así, insistió en que el espacio de concertación sigue vigente y que el objetivo es acercar posturas en los próximos días.
Aunque el Ejecutivo no ha revelado su propuesta, Sanguino indicó que el Gobierno ya trabaja en distintos escenarios de incremento que serán evaluados directamente por el presidente Gustavo Petro. “Estos escenarios se los vamos a presentar al presidente esta misma semana y será él quien tenga la última palabra sobre la propuesta que eventualmente llevemos a la Comisión”, señaló el ministro.
Desde el Gobierno se ha planteado que el anuncio de su cifra se hará en el momento que consideren más conveniente, con la intención de que sirva como puente entre las posiciones de empresarios y trabajadores, una vez estén más claras las pretensiones de cada sector.
El debate no ha estado exento de tensiones políticas. En días recientes, el presidente Petro ha participado activamente en la discusión pública y el ministro del Interior, Armando Benedetti, llegó a mencionar la posibilidad de un salario mínimo de $1.800.000. Esa cifra generó preocupación entre los gremios empresariales, que advirtieron sobre posibles impactos negativos en el empleo formal y un aumento de la informalidad.
Para las centrales obreras, uno de los ejes centrales de la negociación es el concepto de salario mínimo vital y móvil, promovido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). De acuerdo con Sanguino, las propuestas sindicales están alineadas con el más reciente informe de ese organismo y con principios recogidos en la Constitución colombiana.
En términos prácticos, este concepto busca garantizar que el salario mínimo permita cubrir las necesidades básicas del trabajador y su familia, manteniendo su poder adquisitivo frente a la inflación y el costo de vida. Bajo ese enfoque, los sindicatos llegan al debate con la intención de lograr un incremento de dos dígitos para 2026.
Del lado empresarial, la postura ha sido más cautelosa sobre el incremento del Salario mínimo. Los gremios insisten en que el aumento debe ajustarse a la fórmula tradicional, que combina inflación causada, inflación esperada y productividad. Con una inflación anual de 5,30 % a noviembre, según cifras del Dane, y una productividad inferior al 1 %, consideran inviable un ajuste que supere el 7 %, una posición especialmente defendida por las pequeñas y medianas empresas.
