El precandidato presidencial Santiago Botero Jaramillo encendió la polémica en las últimas horas tras declarar en entrevista con La FM que, de llegar al poder, impulsaría la pena de muerte para asesinos, violadores y políticos corruptos. Su postura, respaldada incluso con citas bíblicas y ejemplos de casos de corrupción, abrió el debate público, aunque en términos legales la propuesta no tendría cabida en Colombia.
Por qué la propuesta de Santiago Botero sobre la pena de muerte no tiene viabilidad en Colombia
Botero, ingeniero agrónomo graduado de la Escuela Agrícola Panamericana y con un MBA en el INCAE Business School, inició su trayectoria profesional con trabajos manuales y pequeños emprendimientos, hasta consolidarse como empresario en el ecosistema emprendedor colombiano. Ahora, desde la arena política, busca proyectarse como un candidato de confrontación frente a la corrupción y la impunidad, a las que responsabiliza de los principales males del país.
En sus declaraciones, el precandidato no solo defendió la pena capital, sino que planteó que, tras la ejecución de los condenados, sus órganos podrían ser donados. También incluyó a personajes de alto perfil judicial, como Emilio Tapia, dentro de los que deberían enfrentar esta sanción.
Botero sostiene que el 95 % de los delitos en Colombia quedan en la impunidad. “De cada 100 bandidos que roban, matan, extorsionan, violan y evaden impuestos, solamente cinco pagan”, afirmó. Según él, esa realidad se traduce en deficiencias estructurales en salud, educación y seguridad.
Incluso se refirió a Carlos Castaño, exjefe paramilitar, expresando admiración por lo que describió como la “faceta de autodefensa” del excomandante, aunque aclaró que nunca lo conoció personalmente.
El marco legal colombiano
Más allá de la controversia, la propuesta de Botero se estrella contra la Constitución Política de 1991, cuyo artículo 11 establece que el derecho a la vida es inviolable y prohíbe expresamente la pena de muerte.
A esto se suman compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que impiden reinstaurar la pena capital una vez abolida.
Derechos humanos y riesgo de error judicial
Organismos internacionales y expertos en derechos humanos coinciden en que la pena de muerte constituye un trato cruel e inhumano, además de entrañar un riesgo irreparable en caso de condenas erróneas. Por ello, en Colombia la discusión no trasciende el plano del debate político o la indignación social frente a delitos atroces.
En conclusión, aunque la propuesta de Botero genera titulares y conecta con sectores que reclaman castigos más severos frente al crimen, la pena de muerte es jurídicamente inviable en Colombia. Su reinstauración no solo chocaría con la Carta Magna, sino que también obligaría al país a renunciar a tratados internacionales que hoy hacen parte de su estructura constitucional.