El proyecto de presupuesto de regalías para el bienio 2023-2024, que también está en discusión en el Congreso, contempla un recaudo total de $29,9 billones de pesos, con asignación para departamentos, municipios y regiones de $22,1 billones, que permitirán impactar los índices de pobreza monetaria que están en el 44.6% para los centros poblados y las zonas rurales dispersas según la última medición del DANE.
Por: Mauricio Cuesta
La reforma tributaria se encamina hacia su segundo debate en las plenarias de la Cámara de
Representantes y Senado de la República, con un texto que ya anticipa cambios al que fuera aprobado en sesiones de las comisiones terceras de ambas corporaciones.
En efecto, luego que diversos sectores hicieran fuertes llamados sobre las reformas que busca el Gobierno Nacional, a los cuales se sumaron los partidos políticos con un liderazgo marcado del liberalismo, el Presidente anunció cambios en materia de impuesto a las pensiones para eliminarlo, y en el sector de hidrocarburos y minería de carbón para condicionar el pago de la sobretasa al impuesto de renta cuando se presenten escenarios altos de precios.
No obstante, persisten los llamados para que en los debates pendientes en Congreso se terminen de ajustar asuntos de suma preocupación que podrían desestimar la inversión, y por esa ruta, anular el recaudo esperado de las capas de mayores ingresos de la sociedad para cubrir los dos ejes principales que motivan la reforma tributaria asociados al aumento de la capacidad de pago del país y al compromiso de aumentar la justicia social en Colombia, como lo informó el Presidente.
Uno de tales aspectos está asociado a la deducibilidad de las regalías que se causan por la explotación de los recursos naturales no renovables a favor del Estado. No es un debate menor en tanto que las regalías tienen un destino acompasado con el desarrollo sostenible, ya que van dirigidas a solucionar las necesidades básicas insatisfechas o NBI de los departamentos y municipios, y a viabilizar grandes proyectos que traigan progreso a las regiones.
El proyecto de presupuesto de regalías para el bienio 2023-2024, que también está en discusión en el Congreso, contempla un recaudo total de $29,9 billones de pesos, con asignación para departamentos, municipios y regiones de $22,1 billones, que permitirán impactar los índices de pobreza monetaria que están en el 44.6% para los centros poblados y las zonas rurales dispersas según la última medición del DANE. Ahora, estos ingresos por regalías están basados en unas estimaciones de producción de petróleo de 755 mil y 855 mil barriles día, y de 63 y 69 millones de toneladas de carbón al año, para 2023 y 2024 respectivamente.
Todo esto parece adecuado bajo las premisas actuales en las que ambos sectores de hidrocarburos y minería mantienen sus proyecciones de inversión si las reglas del juego se lo permiten. Pero esta no parece ser la circunstancia en el evento que se limite la deducibilidad de las regalías, pues como lo han anunciado los presidentes de los gremios de estos sectores, ACM y ACP, este cambio traería una ralentización de la dinámica de inversión, potencialmente afectando los números que soportan el presupuesto de regalías, pero más allá, impactando la proyección anual total de regalías para el periodo 2023-2032 incluida en el plan de recursos del sistema general de regalías publicado por el Ministerio de Hacienda, cuyo valor presente descontado a una tasa de 12,1%, asciende a $74,1 billones de pesos de 2022, equivalente a 5,3% del PIB 2022.
La discusión sobre la limitación a deducir las regalías por entidades del sector privado no es nueva; en su momento dio pie a pronunciamientos del Consejo de Estado que avalaron la posibilidad sobre tal deducibilidad en la medida que se cumplan los requisitos que trae el artículo 107 del Estatuto Tributario.
Ahora se revive esta discusión con argumentos similares a los que se plantearon en su momento por los senadores Jorge Enrique Robledo, Alexander Lopez, y Luis Alvaro Pardo, entre otros, que consideraron que las empresas privadas que explotan recursos naturales pagan regalías porque se trata de una explotación de un bien que es de propiedad de la Nación; de suerte que, si se permitiera deducir los pagos por regalías del impuesto de renta, la Nación estaría contribuyendo a pagar por la explotación de recursos que le pertenecen. Es decir, lo que entra en un bolsillo estaría saliendo por otro. Al margen de esta discusión jurídica y de lo que algunos entiendan pueda ser la naturaleza de las regalías en el marco de su condición de expensa deducible, lo relevante en los debates que va a enfrentar el Congreso cuando se radique el texto en revisión de la reforma tributaria, es que el Estado pueda mantener los niveles de inversión que predica el sistema general de regalías. Y es aquí donde se debe hacer un llamado a la prudencia, así como muy acertadamente lo está haciendo el Gobierno con el tratamiento de la sobretasa al impuesto de renta para el mismo sector extractivo.
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