El Gobierno de Suiza anunció el congelamiento de los activos que Nicolás Maduro y personas de su entorno mantienen en territorio helvético, en una medida que busca impedir la salida de fondos que podrían tener un origen ilícito. La decisión fue adoptada por el Consejo Federal y entró en vigor de manera inmediata, con una vigencia inicial de cuatro años.
Según informó el Ejecutivo suizo, el bloqueo patrimonial se produce en un contexto marcado por la detención de Maduro por fuerzas estadounidenses en Caracas y su posterior traslado a Estados Unidos, un hecho que ha generado una fuerte controversia internacional. Washington sostiene que se trató de una “operación policial”, mientras que varios países han cuestionado su legalidad.
La decisión busca evitar la salida de fondos de posible origen ilícito y refuerza las sanciones de Suiza contra Venezuela
Las autoridades suizas explicaron que la medida apunta no solo al mandatario venezolano, sino también a personas cercanas a él, entre ellas su esposa Cilia Flores, familiares y antiguos altos funcionarios. No obstante, el Gobierno precisó que el congelamiento no afecta a los miembros que actualmente hacen parte del Ejecutivo venezolano.
El objetivo central del bloqueo es evitar que activos que eventualmente podrían haber sido adquiridos de forma irregular salgan del sistema financiero suizo. En ese sentido, Berna subrayó que, si futuras investigaciones judiciales determinan que los fondos tienen un origen ilegal, se procederá a su restitución en beneficio del pueblo venezolano.
La decisión se suma al régimen de sanciones que Suiza mantiene contra Venezuela desde 2018, el cual ya incluye restricciones financieras y bloqueos de bienes. Sin embargo, las autoridades aclararon que los nuevos congelamientos se dirigen a personas que hasta ahora no habían sido objeto de sanciones en el país alpino.
En el marco de su legislación, Suiza tiene la facultad de impedir la retirada de activos cuando existen indicios de que provienen de actividades ilícitas. Además, el congelamiento abre la puerta para que autoridades judiciales de otros Estados soliciten asistencia legal en el marco de investigaciones penales relacionadas con estos fondos.
No obstante, el Gobierno suizo recalcó que corresponde a las autoridades judiciales de los países que adelanten procesos demostrar el origen ilegal del dinero y activar los procedimientos necesarios. Solo tras una determinación judicial en firme podría procederse a la devolución de los recursos.
Con esta medida, Suiza busca proteger la integridad de su sistema financiero y alinearse con los esfuerzos internacionales para evitar que capitales de procedencia dudosa sean movilizados en momentos de alta inestabilidad política y jurídica. La evolución de los procesos judiciales en curso será clave para definir el destino final de los bienes ahora bloqueados.
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