La eliminación de la prima especial de servicios para los miembros del Congreso, formalizada mediante el Decreto 0030 de 2026, no solo modifica el ingreso de senadores y representantes, sino que desencadena un ajuste más amplio en la estructura salarial del sector público colombiano como el salario de funcionarios públicos. La medida, que entrará en vigencia a partir del 20 de julio de 2026, busca reducir el gasto estatal y establecer un nuevo estándar de remuneración en los niveles más altos del poder público.
Aunque el decreto se concentra exclusivamente en el régimen salarial del Congreso, su alcance es mayor debido a que el salario de los parlamentarios funciona históricamente como referencia y tope máximo para otros altos funcionarios del Estado. Por esta razón, el ajuste no se limita al Legislativo y termina impactando, por equivalencia legal, a cargos clave de las ramas Judicial y de control.
¿Por qué cambia el salario de funcionarios públicos?
El cambio en el salario de funcionarios públicos se produce por la aplicación conjunta del artículo 187 de la Constitución y la Ley 4 de 1992, conocida como la Ley Marco de Salarios. Estas normas establecen que la remuneración de congresistas se reajusta anualmente por el Gobierno y que, además, sirve como parámetro para fijar los ingresos de otros servidores públicos de máximo nivel, evitando que superen ese umbral.
Con la eliminación de la prima especial, el ingreso mensual de los congresistas se reduce a un rango cercano a los 31 millones de pesos, lo que automáticamente redefine el techo salarial para funcionarios que están equiparados a ese nivel. Entre ellos se encuentran los magistrados de las Altas Cortes, el Fiscal General de la Nación, los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, así como los jefes de los principales organismos de control del Estado.
En la práctica, esto significa que cargos como el Procurador General, el Contralor General, el Defensor del Pueblo, el Registrador Nacional y los miembros del Consejo Nacional Electoral deberán ajustar su remuneración a los nuevos límites, especialmente en lo relacionado con primas, bonificaciones y gastos de representación que elevaban el ingreso total por encima del nuevo estándar.
El Gobierno ha sido claro en que la medida no es retroactiva ni implica una reducción inmediata para todos los actuales funcionarios. Sin embargo, sí fija un precedente para los futuros nombramientos a partir de 2026, consolidando una política de austeridad en la cúspide del Estado y marcando un giro estructural en la forma como se define el salario de funcionarios públicos en Colombia.