La reciente aprobación de la tasa de seguridad impulsada por el gobernador Andrés Julián Rendón ha generado una fuerte controversia en el sector empresarial de Antioquia.
La tasa de seguridad en Antioquia genera preocupación en el sector empresarial
Según cálculos de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), esta medida podría significar un costo anual de hasta $64 millones para pequeños y medianos comerciantes, y hasta $380 millones para las grandes industrias.
La directora ejecutiva de Fenalco Antioquia, María José Bernal, ha cuestionado severamente la decisión, asegurando que esta carga tributaria adicional pone en riesgo la competitividad del departamento y afecta directamente a las pequeñas y medianas empresas, que constituyen la mayoría de los afiliados de este gremio.
«Las empresas ya contribuyen con una tasa efectiva de tributación cercana al 70% y dedican un promedio de 755 horas al año en trámites. Esta medida representa un castigo para las compañías, que en lugar de destinar estos recursos a generar empleo, innovar o expandirse, deberán cubrir este impuesto», señaló Bernal durante una entrevista con Blu Radio.
La tasa de seguridad fue aprobada con ciertos ajustes en la Asamblea Departamental. Inicialmente, el proyecto contemplaba un mayor impacto económico, pero tras debates, se estableció un límite en el consumo de 70.000 kilovatios hora (kWh) como base para el cobro. Sin embargo, este techo beneficia principalmente a las grandes empresas, dejando en desventaja a los pequeños comerciantes que operan con menor capacidad financiera.
Bernal expresó que, aunque la modificación alivió la carga para algunas industrias, no evitó que el gremio de los comerciantes, especialmente las micro y pequeñas empresas, se sintiera «asustado» ante la nueva obligación fiscal.
Fenalco, junto a otros gremios como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), advierte que la tasa de seguridad podría encarecer los costos operativos hasta en un 9%. Este incremento, según los líderes empresariales, afectará principalmente a sectores que dependen de márgenes de ganancia reducidos y que ya enfrentan desafíos económicos significativos.
«Con los $64 millones que ahora tendrán que destinar al impuesto, un comerciante podría abrir nuevos locales, mejorar infraestructura, contratar personal o invertir en tecnología. En cambio, estos recursos irán al Estado, que ya tiene una obligación constitucional de garantizar la seguridad», añadió Bernal.
La decisión del gobernador ha sido defendida por la administración departamental como una herramienta necesaria para fortalecer la seguridad en Antioquia, argumentando que el recurso será invertido en infraestructura, tecnología y equipos destinados a combatir el crimen. No obstante, los gremios empresariales consideran que ya contribuyen a este propósito a través de otros impuestos y tasas existentes.
Ante el creciente descontento, Fenalco ha solicitado una revisión de la medida y la implementación de alternativas menos lesivas para los comerciantes. Asimismo, han llamado a mesas de diálogo con el gobierno departamental para evaluar el impacto real y buscar soluciones conjuntas que no comprometan la estabilidad económica de los empresarios locales.
La polémica sobre la tasa de seguridad refleja un dilema recurrente en el país: ¿cómo financiar la seguridad sin afectar el dinamismo económico? Por ahora, los comerciantes de Antioquia aguardan con preocupación el inicio de la implementación de esta medida.
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