El Coronavirus ha generado grandes afectaciones, no solo a nivel de salud, sino a la economía. Los índices bursátiles no dejan de caer y presentan mínimos históricos.
Las empresas de telecomunicaciones son unas de las principales operadoras que más se desploman en el mercado español. Como referente, Telefónica presenta una situación compleja perdiendo el 31% de su valor desde el 19 de febrero del presente año. Ante esta caída se da una posible OPA hostil a la compañía por parte de una operadora extranjera o un fondo de inversión, esta situación comenzó a preocupar al gobierno y para evitar que algunas empresas aprovechen las crisis del Coronavirus, el Real Decreto publicado hoy 20 de marzo del 2020, prohíbe este tipo de movimientos.
Telefónica en su mejor momento llegó a superar los 100.000 millones de capitalización bursátil en 2007, hoy en día, la cotización de la operadora es de 4.35 euros por acción y 22.300 millones de euros de capitalización bursátil. Desde el 19 de febrero, la caída es del 33% de su valor. Por esta caída y evitando que otra gran operadora la compre a precio de saldo, Telefónica empezó a buscar aliados como Qatar, Abu,Dabi, Kuwait y Singapur.
Por esta razón, el gobierno español hace uso del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas extraordinarias, para hacer frente al impacto económico y social del Coronavirus. En esta medida, se han añadido estrategias de protección para empresas como Telefónica que presentan una posible OPA hostil. Para esto se hace suspensión del régimen de liberación de determinadas inversiones extranjeras directas en España en los sectores que se encuentren afectados. Además, se consideran inversiones extranjeras directas en el país a todos aquellos negocios realizados por residentes españoles fuera de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio cuando pasan a invertir con un 10 por 100 o más del capital social de la sociedad española.
Dentro de las medidas establecidas, se protegen específicamente algunos sectores como: Infraestructuras críticas con presencia física o virtual, incluyendo las de energía, transporte, agua, sanidad, comunicaciones, almacenamiento de datos, aeroespacial, de defensa, electoral o financieras. Así como inmuebles o territorios que sean de vital importancia para el desarrollo de estas. Esto en conjunto con la Ley 8/2011, de 28 de abril, que protege aquellas infraestructuras críticas.
En estas medidas entra Telefónica como una infraestructura crítica de comunicaciones e incluye a otras empresas como Aena, Enagás, Iberdrola, Indra, Red Eléctrica o Repsol. De igual manera, se suspenden las inversiones extranjeras, si aquel comprador está controlado directa o indirectamente por el gobierno, incluidos los organismos públicos o las fuerzas armadas.