En un movimiento que sacude al sector del comercio minorista en Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció este jueves el inicio de una investigación administrativa y la formulación de un pliego de cargos contra la sociedad D1 S.A.S. La decisión se produce tras un riguroso análisis de aproximadamente 13.000 reclamaciones interpuestas por ciudadanos durante el segundo semestre de 2024 y los primeros meses de 2026.
La Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor de la entidad ha identificado múltiples irregularidades que podrían estar vulnerando los derechos fundamentales de los compradores, especialmente en el ecosistema digital de la compañía.De acuerdo con el reporte oficial del organismo de control, la investigación no se limita a un solo aspecto, sino que abarca una serie de fallas sistémicas en la operación de la cadena de «hard discount». Estos son los hallazgos principales:
Alarma por denuncias de productos vencidos y en mal estado en Tiendas D1
Se detectaron graves deficiencias en las pasarelas de pago de su tienda virtual. Según la SIC, muchos usuarios reportaron dobles cobros por una misma transacción o la imposibilidad de finalizar compras, lo que genera una incertidumbre financiera para el cliente.Al menos 1.200 casos documentados corresponden a pedidos que nunca llegaron, entregas incompletas o cancelaciones unilaterales por parte de la empresa sin una resolución clara para el afectado.
Uno de los puntos más alarmantes es la recepción de cerca de 700 quejas relacionadas con la entrega de productos en mal estado o, en casos extremos, con fechas de vencimiento ya cumplidas, lo que representa un riesgo directo para la salud pública.La Superindustria advirtió que D1 habría omitido información esencial en sus ofertas. Se investiga si la cadena ofreció descuentos que no se aplicaron al momento del pago y si ocultó restricciones clave como la vigencia de las promociones o el inventario disponible.
Para la SIC, el crecimiento exponencial de las ventas en línea de Tiendas D1 no ha sido respaldado por una infraestructura que garantice la transparencia. La entidad enfatizó que las empresas tienen el deber legal de proporcionar información veraz, suficiente y oportuna. En este caso, la falta de claridad en los términos y condiciones de la plataforma digital parece ser la norma y no la excepción.
»Buscamos promover relaciones de consumo transparentes y ajustadas a la normativa vigente, especialmente en canales digitales donde el consumidor es más vulnerable», señaló el organismo en su comunicado.Con la apertura formal del pliego de cargos, Tiendas D1 entra en una etapa procesal donde podrá ejercer su derecho a la defensa y presentar las pruebas que considere pertinentes para desvirtuar las acusaciones. No obstante, de confirmarse las infracciones al Estatuto del Consumidor, la cadena podría enfrentarse a multas millonarias que superan los dos mil salarios mínimos legales vigentes.
Cabe recordar que esta no es la única presión que enfrenta la empresa; durante el último año, el Ministerio del Trabajo también ha mantenido expedientes abiertos por presuntas irregularidades en las condiciones laborales de sus empleados.
Por ahora, el llamado de las autoridades a los consumidores es a mantener el registro de sus facturas y reportar cualquier anomalía en los canales oficiales de la Superintendencia. El mercado colombiano exige hoy no solo precios bajos, sino una ética operativa que respete el bolsillo y la confianza de los ciudadanos.
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