Editorial
El Gobierno debe empezar a medir sus acciones en el terreno político, sobre todo, de cara a las elecciones de Congreso y de Presidencia el próximo año. Sabemos que existen fuerzas políticas interesadas en que a este gobierno le vaya mal, sin importar el resultado final y quienes paguen los platos rotos.
Lo más responsable es no darle munición a quienes la pueden utilizar de manera incorrecta para implosionar el país.
Podría existir un gran consenso sobre las consecuencias económicas que la pandemia del coronavirus ha dejado para la mayoría del mundo y, claramente, Colombia no iba a ser una excepción. El país ha sido resiliente y ha tenido una recuperación notable en los últimos 20 años, seguía siendo antes de la pandemia una nación con una economía frágil, un mercado laboral débil, precariedad en la inversión, líneas preocupantes en cuanto estabilidad jurídica para las compañías internacionales, perdió productividad y competitividad frente a otros países de la región.
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Colombia no ha estado a la altura para atraer nuevas empresas y se ha sentido cómodo con cifras superiores al 50 % de informalidad, 10 % de desempleo y con aparente inflación controlada que la da una tranquilidad al Banco de la República y al Estado.
Sin embargo, y más allá de eso, es claro que con el más mínimo viento que soplase en contra del país iba a derrumbar lo que estaba flojo y efectivamente pasó. Es lamentable la cifra de las empresas que tuvieron que cerrar el año pasado por la emergencia sanitaria. No se trata solo del fin de empresas colombianas, sino compañías internacionales, multinacionales que cerraron tiendas en Bogotá, Medellín, Cali, son sucursales en diversas ciudades del país.
Son más de 5.000 empresas colombianas en ciudades importantes como Cartagena, de ahí derivaran ciertas críticas al PAEF, entre otras medidas del Gobierno que llegaron tarde. Lo cierto es que ese número de empresas que acabaron con su operación, significa más personas que conforman la tasa de desempleo, sin mencionar las regiones apartadas que han padecido medidas centralistas tomadas en una fría oficina de Bogotá y que no se compadece con la realidad de otros territorios.
El Gobierno tiene que dar ejemplo, en primer lugar, hacer un gran recorte, más que de gastos y servicios, en su tamaño. No terminar en un viaje para hacer presencia en un territorio o en comunicaciones – algo que hizo el presidente Iván Duque cuando comenzó su mandato – dando por finalizada la presencia en medios del 90 %, por lo que deben evitar crear o seguir adelante con ideas como el Ministerio de Ciencia, Cultura o Deporte; lograr el fusión del Ministerio del Trabajo con otra cartera y eliminar decenas de agencias, direcciones, oficinas y referencias que hacen duplicidad de funciones, además de las altas consejerías.
Deben recortar gastos reales, no algo insignificante, sino gastos de burocracia y clientelismo. El Estado recibirá cerca de $ 14 billones de la venta de ISA; el Banco de la República transferirá más de 6,5 millones de pesos en utilidades y Ecopetrol hará lo mismo con sus dividendos, afortunadamente el barril del petróleo tiene una tendencia al alza y aunque puede parecer utópico, estamos hablando de un barril con un precio de US$100.
Como se menciona durante cada reforma posible, es imperante seguir luchando contra la evasión de impuestos, perseguir las empresas fachadas de cientos de familias colombianas en islas del Caribe, España, Suiza o Panamá. A nivel de IVA sería bueno gravar todos los bienes y servicios con un impuesto general, pero reduciéndolo. Aumentar la base gravable a nivel de renta. No aumentar los impuestos a las empresas y que los programas de subsidios sean focalizados y centrados en que puedan generar riqueza y no asistencialismo.
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Ojalá el gobierno tenga conciencia global de todo lo que genera una reforma tributaria, pero primero se miren hacia dentro como han hecho millones de familias colombianas que al recibir menos dinero tienen que recortar su presupuesto, apretarse el cinturón y vivir con lo que tienen.