En el marco de la COP27, la ministra de Minas y Energía lanzó el diálogo social para definir la hoja de ruta de la transición energética justa en Colombia. En su acepción amplia, una transición justa es aquella que intrínsecamente revoluciona la economía…
Por: Mauricio Cuesta
En el marco de la COP27, la ministra de Minas y Energía lanzó el diálogo social para definir la hoja de ruta de la transición energética justa en Colombia. En su acepción amplia, una transición justa es aquella que intrínsecamente revoluciona la economía dependiente de combustibles fósiles, para adaptarla a sistemas energéticos que mitiguen el impacto al cambio climático, pero a la vez donde ninguna persona se quede atrás, sino que participe en un modelo revaluado de justicia social y ecológica.
Entonces, la necesidad de la descarbonización de la matriz energética es tan solo un elemento de la transición energética justa, porque aquélla sin un cambio en cuanto al ecuación socio-económica no sería alcanzable, ya que en el centro del desarrollo de la infraestructura que se va a requerir para esta transición, está la gente.
El Gobierno ha planteado que la transición energética justa se soporte en principios de equidad, considerando que se permita la democratización de los recursos energéticos y su gestión en un marco asociativo, que garantice precios justos; de gradualidad, soberanía y confiabilidad, donde se sustituya progresivamente las fuentes energéticas fósiles por otras menos contaminantes como las solares y eólicas; de participación social vinculante, para impulsar la creación de comunidades energéticas para que tomen parte en la cadena de valor de la electricidad; y de conocimiento, para que las instituciones educativas, de investigación y el sector empresarial promuevan los cambios que requiere la transición.
Pero más allá y en su sentido social, la transición energética justa debe considerar su enfoque social y laboral, partiendo de la base que la economía descarbonizada cree más empleos de los que se pierden con una condición razonable en cuanto al poder adquisitivo de la gente, que maneje adecuadamente la migración de trabajadores que naturalmente se dará hacia aquéllas zonas donde se estructuren los proyectos energéticos, y que cree escenarios de inclusión, o de justicia procedimental, donde las personas impactadas, y en mayor medida los grupos vulnerables, participen en los procesos de decisión para definir cómo quieren ver la transición en sus territorios. Y en esta ecuación, los grupos vulnerables son definitivos para una transición justa.
Ahora bien, en la gestión del proceso para articular una transición energética justa, es esencial manejar un mensaje que todos entiendan para que se logre el efecto esperado; si las personas no entienden qué significa la transición justa desde su perspectiva individual, y no como política pública, el proceso crearía expectativas incoherentes. Pero, además, el proceso requiere involucrar a todos los actores llamados a participar, gobierno, comunidad, empresa privada, fuerza laboral, entre otros, para que se genere confianza y se pueda llegar a un entendimiento común. En esto, el plan de trabajo que presenta la ministra para ejecutarse en las próximas 24 semanas, cuenta con elementos que pueden lograr un acuerdo sobre la hoja de ruta que lleve al país a una transición justa.
El reto está en lograr ese entendimiento común siguiendo los principios del diálogo, y en especial, el que la transición debe llevarse a cabo mediante una sustitución gradual de fuentes fósiles, pues no de otra forma el país será exitoso en lograr los objetivos ambiciosos que se propone. Colombia es un país con una pobreza incremental superior al 40%, con tasas de desempleo de dos dígitos, con una diversidad cultural y regional profunda, con lo que los cambios de ninguna manera pueden ser inmediatos, sino deben suceder al paso adecuado para que las finanzas públicas no se vean afectadas y sigan atendiendo las necesidades sociales demandantes. De no ser así, el riesgo de retroceder a escenarios de mayor impacto climático y fiscal a los actuales es muy alto e insostenible.
Rescato el esfuerzo que hace el Gobierno para que el proceso sea el adecuado, con ejercicios paralelos que serán sumamente útiles de cara a entender las complejidades propias de los procesos de transición energética, como es el proceso con las comunidades del corredor minero del Cesar que quedaron cesantes luego del cierre de algunas operaciones mineras de carbón de significancia en esa zona del país.
Pero Colombia no puede adelantar este ejercicio de forma aislada a la comunidad internacional, pues allí se encuentran las empresas privadas y los gobiernos con los capitales necesarios para sostener la transición justa. El trabajo en este terreno es inmenso, con mayor articulación regional y mecanismos de políticas públicas que vayan más allá de las mismas energías limpias, sino que cobijen toda la cadena con base en una coherencia de progreso climático.
El llamado que hace el informe recientemente publicado sobre perspectivas económicas en América Latina preparado por la OCDE, CEPAL, CAF y la Comisión Europea es muy oportuno, donde invita a los países de la región como depositarios de la mitad de la biodiversidad del mundo, a desarrollar y ampliar las asociaciones internacionales, incluido el sector privado y las instituciones multilaterales. Por eso, es un gran acierto que el Gobierno retome el Tratado de Protección Amazónica de 1979, incorporado mediante Ley 74 de 1979.
La justicia de la transición energética recae en todos los colombianos, nuestra participación activa y decidida en este proceso es un imperativo.
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