El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca ha emitido un fallo que ha dejado a la ciudad de Cali sumida en una situación de incertidumbre, al decretar la nulidad del acuerdo que adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Este pronunciamiento responde a una apelación presentada por Gustavo Adolfo Pardo, en la que se cuestionaba la legalidad del acuerdo que establecía las directrices del desarrollo urbano en la ciudad.
Tribunal Administrativo del Valle declaró nulo el Acuerdo del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Cali
Panorama general: En su fallo, el Tribunal revocó la sentencia del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Cali y declaró la nulidad del Acuerdo 373 de 2014, que establecía las directrices del desarrollo urbano en la ciudad.
La decisión del Tribunal implica la revocación de la sentencia previamente emitida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Cali y, como consecuencia, la declaración de nulidad del Acuerdo 373 de 2014. Este acuerdo, que adoptaba la revisión ordinaria de contenido de largo plazo del POT del Municipio de Santiago de Cali, es un instrumento fundamental para regular el crecimiento urbano, la ocupación del suelo y la prestación de servicios públicos en la ciudad.
El documento declara «la nulidad del Acuerdo 373 de 2014 “por medio del cual se adopta la revisión ordinaria de contenido de largo plazo del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Santiago de Cali”.
Por qué es importante: La importancia de esta decisión radica en las implicaciones que tiene para el futuro desarrollo de Cali. Sin un POT vigente, se dificulta la toma de decisiones en materia de urbanismo y se abre un vacío legal que puede generar conflictos y problemas en el desarrollo de la ciudad. El POT es crucial para garantizar un crecimiento ordenado y sostenible, así como para proteger los derechos de los ciudadanos y el medio ambiente.
El fallo del Tribunal deja claro que el Acuerdo 373 de 2014 es nulo, lo que significa que las directrices establecidas en dicho acuerdo ya no tienen efecto legal. Esto plantea la necesidad de que las autoridades municipales y regionales trabajen en la elaboración de un nuevo POT que responda a las necesidades y demandas de la ciudadanía, garantizando la participación ciudadana y el respeto por los principios de desarrollo sostenible.
