Un fallo sin precedentes sacudió este viernes el sistema de salud en Colombia: el Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó al Gobierno Nacional y a las EPS intervenidas pagar, en un plazo máximo de 30 días, la millonaria deuda que tienen con clínicas y hospitales de todo el país.
La decisión responde a una acción popular presentada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, con el respaldo de más de 20 entidades públicas y privadas del sector salud.
La deuda asciende a $20,3 billones, una cifra que refleja el nivel crítico de desfinanciamiento que atraviesa el sistema y que ha puesto en jaque a cientos de hospitales y clínicas, especialmente en ciudades como Medellín, donde algunos centros asistenciales apenas están recibiendo el 6 % de los recursos que les adeudan.
El origen del proceso se remonta al 30 de mayo, cuando el Distrito de Medellín interpuso la acción popular. El Tribunal la admitió el 4 de junio, al considerar que la vida y la salud de millones de colombianos están en riesgo, debido a las fallas en el giro de recursos por parte del Gobierno y las EPS intervenidas por la Superintendencia de Salud.
¿Qué significa este fallo para las EPS y el sistema de salud?
“Han hecho todo por asfixiar el sistema de salud y generar una crisis sin precedentes, pero nadie está por encima de la ley. Y en este asunto está de por medio la vida de las personas”, sentenció el alcalde Gutiérrez, tras conocerse el fallo. Para él, la situación no da espera y exige acciones inmediatas por parte del Ejecutivo.
En su intervención, el mandatario también hizo un llamado a los demás alcaldes y gobernadores del país para que se sumen a esta decisión judicial, acojan el fallo y, si es necesario, presenten nuevas acciones legales para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud en sus regiones.
Además de la Alcaldía de Medellín, en la demanda participaron la Gobernación de Antioquia, la Personería de Medellín, el Sindicato Antioqueño de Anestesiología, la Federación Gremial de Trabajadores de la Salud y otras 22 entidades, entre públicas y privadas. Todas coincidieron en que el problema es estructural y no se soluciona con medidas administrativas aisladas.
El fallo también abre la puerta para que otras entidades del país –clínicas, hospitales, EPS y entes territoriales– soliciten la ampliación del fallo, lo que podría derivar en una presión sin precedentes sobre el Gobierno Nacional para cumplir con sus obligaciones financieras con el sector salud.
Medellín ha puesto plata de su bolsillo
La alcaldía de Medellín no se ha quedado de brazos cruzados. En 2024, destinó más de $200.000 millones para sostener su red hospitalaria y evitar el colapso. Con esos recursos, logró capitalizar a Metrosalud, el Hospital General de Medellín y el Hospital Infantil Concejo de Medellín.
Pero ni siquiera esos esfuerzos locales son suficientes para sostener a flote un sistema que, según los expertos, se encuentra al borde del colapso por la falta de liquidez.
Los actores del sistema han alertado que, de no girarse los recursos en los tiempos establecidos por el Tribunal, podrían verse obligados a cerrar servicios, reducir personal y limitar la atención a los usuarios, lo que tendría consecuencias dramáticas para la población más vulnerable.
Urgente ‼️
Hoy la Justicia ordena al Gobierno Nacional y a las EPS intervenidas que en 30 días pague toda la deuda que tiene con los hospitales públicos y privados. Este es un fallo histórico, producto de una acción popular ante el Tribunal administrativo que presentamos hace… pic.twitter.com/ygxW3OKOTk
— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) July 11, 2025
Por ahora, la gran incógnita es cómo y si el Gobierno Nacional cumplirá con el fallo. La cifra es altísima, y en medio de las tensiones que ha vivido el sector salud con las reformas en curso y las múltiples intervenciones de EPS, se anticipa un pulso jurídico y político.
Desde ya, el fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia marca un precedente clave: el derecho a la salud no es negociable, y el Estado no puede seguir aplazando sus obligaciones con quienes sostienen la atención médica del país.
Mientras tanto, clínicas, hospitales y trabajadores de la salud esperan que esta vez la ley se imponga sobre la negligencia, y que los recursos prometidos no se queden –una vez más– en el papel.