El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó a la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Cancillería y Migración Colombia, entre otros organismos, tomar medidas urgentes para ubicar los $70.000 millones del anticipo del contrato firmado entre el MinTIC y Centros Poblados.
Por: Redacción 360 Radio
En la decisión ordenan el embargo y persecución de los bienes de los empresarios vinculados en la firma del contrato que tenía como objetivo ampliar la red y acceso a Internet a las escuelas rurales en las zonas más alejadas del país.
El Tribunal pidió que se rastreen los bienes de todos los bancos para encontrar el dinero del anticipo para que estos recursos públicos sean recuperados. El Ministerio TIC deberá entregar un informe sobre las acciones y omisiones en las que incurrieron las empresas contratistas y que “permitieron la consolidación de las irregularidades” que son materia de investigación.
Por esto, dieron instrucciones la Unidad de Información y Análisis Financiera (UIAF) para que realice el “rastreo de las cuentas que recibieron los recursos de anticipo entregado a la Unión Temporal Centros Poblados de Colombia 2020, a través de la fiducia constituida en BBVA Asset Management S.A. Sociedad Fiduciaria, bien sea de los socios de las personas jurídicas que la integran, o de los socios hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad”.
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Con el objetivo de agilizar la investigación penal, le ordenaron al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General que en un plazo de tres días “realicen la búsqueda de personas naturales o jurídicas en el exterior vinculadas con los supuestos hechos dañosos e irregulares referidos”.
La decisión indica que “con el fin de que se realicen las actuaciones pertinentes según sus competencias y soliciten a través del organismo competente del país extranjero, la imposición de medidas cautelares de embargo y secuestro de bienes, dineros y rentas y/o orden de imposibilidad de disposición de dichos bienes hasta tanto finalice el trámite de la presente acción”.
Para evitar más irregularidades, el Tribunal le ordenó a todas las entidades públicas del orden nacional, distrital, departamental y municipal (centralizadas o descentralizadas) y por servicios suspender de manera inmediata todos los contratos o convenios que tengan con Centros Poblados de Colombia, la Fundación Telecomunicaciones Ingeniería Seguridad e Innovación, Intec de l Costa y Omega Buildings Constructora S.A.S.
