Las tensiones entre el Gobierno de Donald Trump y las instituciones internacionales volvieron a quedar en evidencia tras dos acontecimientos que marcaron la agenda diplomática de Estados Unidos: la difusión de un mensaje contra Navi Pillay, ganadora del Premio Nobel de la Paz de 2026, y el anuncio de nuevas sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI).
El mandatario estadounidense compartió en Truth Social un texto del abogado David Schoen, identificado en esa red como @Schoenlaw, que cuestiona la elección del Comité Noruego del Nobel. La publicación sostiene que Pillay mantiene una postura hostil hacia Estados Unidos e Israel y pone en duda su contribución a la paz, además de lanzar acusaciones sobre su actuación frente al conflicto en Gaza.
Uno de los principales puntos de controversia es la investigación de Naciones Unidas sobre la ofensiva israelí en ese territorio palestino, que concluyó que se había cometido genocidio, una determinación que Israel rechaza. El mensaje replicado por Trump también vincula a la jurista con supuestos apoyos a Hamás y otros grupos terroristas, afirmaciones que deben entenderse como acusaciones del autor de la publicación, no como hechos establecidos judicialmente.
Schoen defendió, por otra parte, la gestión internacional de Trump y mencionó iniciativas como los Acuerdos de Abraham, sus gestiones en conflictos internacionales y los planes para reconstruir Gaza. Con esos argumentos, planteó que el presidente estadounidense debía haber recibido el Nobel de la Paz.
Las sanciones de Trump apuntan a la operación de la CPI
En paralelo, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció nuevas medidas contra la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, en respuesta a actuaciones que la Administración Trump considera contrarias a los intereses estadounidenses. Washington busca limitar las transacciones y los recursos disponibles para el tribunal, al tiempo que sostiene que no permitirá que la institución procese a ciudadanos de Estados Unidos.
La disputa tiene como uno de sus principales focos las actuaciones de la CPI relacionadas con Israel. El tribunal emitió órdenes de detención contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra en Gaza, decisiones que han generado fuertes objeciones por parte del Gobierno israelí y de Washington.
La Corte fue creada en 2002 para investigar y juzgar a personas acusadas de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión, dentro de los límites de su jurisdicción. Estados Unidos no integra los 125 Estados miembros del organismo, aunque las sanciones estadounidenses pueden afectar sus relaciones con proveedores y actores que operan internacionalmente.
Los dos episodios reavivan el enfrentamiento entre la Administración Trump y los organismos multilaterales, en particular por el alcance de la justicia internacional y las consecuencias de sus actuaciones sobre funcionarios y gobiernos.
