Una acción de tutela presentada ante un juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en Bogotá busca frenar, de manera provisional, la aplicación del decreto con el que el Gobierno del presidente Gustavo Petro fijó el aumento del salario mínimo para 2026 en un 23,78 %, uno de los incrementos más altos de los últimos años.
Panorama general: La tutela fue interpuesta por Alexander Donato Rondón, a través de su apoderado Alejandro Linares Cantillo, y está dirigida contra la Nación, la Presidencia de la República, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En el recurso se solicita la suspensión temporal de los decretos 1469 y 1470 de 2025, mediante los cuales se establecieron el salario mínimo legal mensual vigente (SMMLV) y el auxilio de transporte que comenzaron a regir desde el 1.º de enero de 2026.
Según el accionante, la decisión del Ejecutivo vulnera el derecho fundamental al debido proceso y desconoce el mandato constitucional de concertación tripartita, que obliga al Gobierno a buscar acuerdos con empleadores y trabajadores antes de fijar el salario mínimo por decreto. En el documento se sostiene que el incremento fue adoptado sin una evaluación suficiente de su impacto económico y social, especialmente sobre los pequeños negocios, las micro y pequeñas empresas (Mipymes) y los trabajadores informales.
El recurso plantea que el aumento, que en promedio alcanza el 23,7 % si se suma el ajuste al salario mínimo y al auxilio de transporte, genera un perjuicio inmediato e irremediable para amplios sectores de la economía. A juicio del demandante, muchas Mipymes no estarían en capacidad de absorber el incremento en sus costos laborales sin verse obligadas a reducir empleos o a cerrar operaciones, lo que agravaría la informalidad y el desempleo.
Por qué es importante: La tutela se presenta como un mecanismo transitorio para evitar daños mientras el Consejo de Estado decide sobre una eventual suspensión provisional de los decretos en la jurisdicción contencioso-administrativa. El escrito insiste en que, por la inminencia de los efectos y la entrada en vigencia de las normas desde comienzos de año, la intervención del juez constitucional resulta urgente.
Entre los argumentos jurídicos, la acción solicita que se ejerza un control a los límites del uso de la competencia reglada del Gobierno para fijar el salario mínimo, prevista en la Ley 278 de 1996. El accionante considera que, en este caso, se habría excedido dicha competencia al desconocer principios constitucionales como la participación, la concertación y la proporcionalidad.
Tutela busca suspender aumento del salario mínimo del 23,78 % para 2026
De manera subsidiaria, si el despacho judicial no concede la medida provisional solicitada, la tutela pide que se ordene la suspensión temporal de los decretos como mecanismo transitorio, mientras se adopta una decisión de fondo en la vía administrativa. El objetivo, según el documento, es evitar un perjuicio que califica como irreversible para el tejido productivo más vulnerable del país.
La presentación de esta tutela abre un nuevo frente de debate jurídico y político alrededor del aumento del salario mínimo para 2026, una de las decisiones económicas más sensibles del Gobierno Petro. Mientras el Ejecutivo ha defendido el incremento como una medida para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores frente a la inflación, los críticos advierten sobre sus posibles efectos adversos en el empleo y la sostenibilidad de los pequeños negocios.
Al debate por el aumento del salario mínimo se sumó una solicitud ante la Corte Constitucional para suspender de manera provisional el Decreto 1390 de 2025, con el que el Gobierno declaró el Estado de Emergencia Económica. La petición fue presentada por el Consejo Gremial Nacional, que pidió extender la suspensión a todos los decretos que se expidan con base en esa declaratoria.
Según el gremio, la emergencia se habría decretado sin cumplir los requisitos constitucionales, al sustentarse en problemas fiscales de carácter estructural y en la negativa del Congreso a aprobar una ley de financiamiento, lo que, a su juicio, vulnera la separación de poderes y la reserva de ley en materia tributaria.
El documento advierte que el uso de facultades extraordinarias para crear o modificar impuestos podría generar efectos económicos irremediables, especialmente sobre las pequeñas y medianas empresas, al afectar la inversión, el crédito y la estabilidad financiera. Por ello, solicita a la Corte frenar de forma temporal los efectos del decreto mientras se adopta una decisión de fondo.
