El pasado jueves 7 de febrero, tuve la oportunidad de asistir a la Audiencia Pública propuesta por el senador de la república Richard Fuelantala, titulada “¿Qué pasa si sube el ACPM? Impactos y alternativas”. En este evento, participaron el Ministerio de Hacienda y de Transporte, así como, Ecopetrol y diversos gremios del sector transporte y campesino, los cuales tienen una estrecha relación con el tema del ACPM en sus actividades.
Durante esta audiencia, el Gobierno, a través de los mencionados ministerios, expuso los principales puntos de vista enfocados en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles – FEPC. Este subsidio del Gobierno ha estado presente durante años, cubriendo la brecha entre los precios internacionales del combustible y los precios nacionales, lo que ha representado un déficit considerable para el FEPC, alcanzando los $36,7 billones en 2022. Este dinero, en palabras de la viceministra Técnica de Hacienda, podría haber sido invertido en otras áreas como infraestructura, subsidios de vivienda, educación y combate a la pobreza, de ahí que se plantee la posibilidad de un aumento en el precio del ACPM.
Por otro lado, los gremios transportadores de carga, camioneros, pasajeros y volquetas expresaron su gran preocupación por su actividad, ya que por ejemplo más del 90% de las mercancías transportadas a nivel nacional son por medio terrestre y estos dependen del ACPM. Un aumento en los costos sería perjudicial para sus empresas y negocios, y tendría un impacto en la economía del país, reflejándose en una posible inflación, que en febrero de 2024 aún se encuentra en niveles elevados del 7,74%, así como en una evidente desaceleración económica.
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De acuerdo con los gremios, los sectores vinculados al transporte de carga registraron resultados negativos durante el año 2023, incluyendo el sector industrial, la construcción y el comercio, fundamentales para la economía nacional. Asimismo, el sector transporte ha identificado una disminución relacionada con los volúmenes de carga en el país. Tanto las importaciones como las exportaciones mostraron un comportamiento negativo durante 2023, al igual que la actividad de carga en los puertos.
Es evidente el gran dilema que vive el país por el ACPM, el cual se espera que se encuentre una solución que beneficie a la economía nacional. Si bien el Gobierno está decidido a aumentar el precio del ACPM, es crucial que se aborde con precaución debido a los efectos inflacionarios que puede traer este incremento. Destaco que las mesas técnicas con los gremios del transporte y el Gobierno han sido fundamentales, permitiendo escuchar las opiniones y necesidades de un sector importante para el país. Los transportadores han solicitado analizar la fórmula de establecimiento del precio final del ACPM, la cual actualmente no refleja la realidad, argumentan los gremios.
Ante todo esto, la mayor preocupación que he analizado durante un buen tiempo es la relación entre el ACPM y la inflación la cual es sumamente compleja y diversa. Por un lado, un alza en el precio del ACPM impacta directamente en los costos operativos, donde el combustible representa el 40% de la operación, lo que podría derivar en un aumento en los precios de bienes y servicios. En efecto, este escenario podría generar presiones inflacionarias en la economía, especialmente si los incrementos en los precios del transporte se trasladan a los consumidores finales más que todo a los alimentos.
Desde mi perspectiva, y como he mencionado en columnas anteriores, la unión entre el sector público y privado es fundamental para el crecimiento y desarrollo del país. La decisión sobre el ACPM es crucial tanto para las finanzas del Gobierno por el FEPC como para todos los colombianos. La coyuntura actual del país no es la más deseada, por lo cual se están jugando muchas cosas importantes en esta decisión. Espero y aspiro a que se aborde con la debida consideración y reflexión, con miras a garantizar el bienestar y el futuro de la economía del país.
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