Cada vez más personas en Colombia deben acudir a una tutela para acceder a medicamentos que deberían estar garantizados como parte de su derecho a la salud. Las tutelas y quejas aumentan año tras año, y detrás de cada caso hay una historia de dolor, incertidumbre y barreras. Según la Defensoría del Pueblo, entre quienes no recibieron sus medicamentos, el 61 % terminó pagando de su propio bolsillo.
Este fenómeno no solo evidencia que el sistema está perdiendo su capacidad de respuesta, sino que tiene efectos negativos en la economía de los hogares. Datos recientes de la Encuesta de Calidad de Vida muestran que entre 2023 y 2024 el porcentaje de hogares que reportó gasto de bolsillo en salud aumentó un 5,5 %, con mayor impacto en los hogares más pobres. Cuando el ingreso no alcanza, las personas postergan o abandonan tratamientos, lo que agrava sus condiciones y aumenta el riesgo de empobrecimiento.
Desde PROESA, en alianza con AFIDRO, hemos desarrollado una hoja de ruta que parte de una premisa sencilla pero urgente: garantizar el acceso a medicamentos requiere claridad en las reglas del juego. Para lograrlo, proponemos acciones en cinco frentes clave: financiación, regulación, evaluación, innovación y normatividad.
- Una UPC técnica, transparente y suficiente: La Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el monto que transfiere el Estado por cada afiliado, está en crisis. Su cálculo actual no incorpora toda la información de atenciones y costos de dichas atenciones, no responde al envejecimiento poblacional, ajustes por condición de salud. Además, el sistema arrastra una deuda superior a los 20 billones de pesos. Proponemos rediseñar el cálculo de la UPC con criterios técnicos y actualizados, creando una Mesa Técnica Nacional con participación de actores clave (Ministerio, EPS, pacientes, academia, sociedades científicas). A esto se suma un fondo de saneamiento que permita resolver las deudas acumuladas y garantizar sostenibilidad financiera ante crisis como una pandemia, o la actual .
- Un INVIMA ágil y confiable: Más de 12.000 trámites regulatorios están represados en el INVIMA, afectando directamente la disponibilidad de medicamentos. Las causas son múltiples: baja digitalización, escasez de talento técnico, procesos internos poco eficientes y limitada autonomía presupuestal. Planteamos una transformación del INVIMA: digitalización de procesos, fortalecimiento técnico de la Comisión Revisora, independencia operativa y definición de indicadores públicos de desempeño. Un INVIMA fortalecido es clave para agilizar el acceso, generar confianza e incentivar la innovación.
- Valor y riesgo compartido en la toma de decisiones: El sistema de salud sigue priorizando el precio por encima del valor. No todos los medicamentos generan el mismo beneficio ni impactan igual en la salud de los pacientes. Por ello, proponemos fortalecer la agencia de evaluación de tecnologías con mayor capacidad técnica y autonomía. Esto permitirá tomar decisiones informadas, basadas en evidencia y con criterios de valor clínico, económico y social. Además, proponemos avanzar en pilotos de negociación con riesgo compartido, especialmente en áreas donde hay barreras críticas de acceso, y revisar la normatividad que limita este tipo de acuerdos.
- Impulsar la investigación clínica y la innovación responsable: En Colombia, la innovación llega tarde. Las barreras regulatorias, la fragmentación institucional y la inseguridad jurídica frenan la investigación clínica, limitando oportunidades para pacientes y profesionales. Proponemos fortalecer el ecosistema de investigación clínica como motor de desarrollo y vía para el acceso temprano a nuevas terapias. Esto requiere reglas claras, tiempos predecibles y articulación entre actores públicos y privados.
- Depurar la maraña normativa: Actualmente, existen más de 12.000 normas vigentes en el sector salud. Muchas se traslapan, se contradicen o simplemente no se aplican. Esta sobrecarga normativa genera confusión, inseguridad jurídica y fricciones innecesarias. Proponemos una depuración normativa decidida, eliminando redundancias, simplificando trámites y fortaleciendo la coherencia regulatoria. Esto permitirá mejorar la eficiencia del sistema, generar certidumbre para todos los actores y facilitar la inversión en salud.
Estas propuestas comparten una visión de largo plazo, en la cual se labre el camino para fortalecer las instituciones, garantizar la sostenibilidad financiera y asegurar reglas claras y técnicas que permitan la operación del sistema.
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