Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio, puso a Colombia en el grupo de países capaces de detectar carteles empresariales, oscuras alianzas entre compañías que acuerdan distintas estrategias para verse favorecidas en el mercado. Pablo Felipe Robledo tiene claro que endurecer las multas podrá disuadir esta conducta, y aunque las sanciones son altas, no están al nivel de Europa.
360 Radio: Si pudiéramos hacer un balance del 2017 para la Superintendencia de Industria y Comercio, ¿cuál podría ser?
Pablo Felipe Robledo: Este es un año importante, en donde hemos logrado varias cosas. En materia de competencia, lo más importante fue haber creado el grupo élite contra colusiones en licitaciones públicas, donde el país ha visto ya resultados, entre ellos, todo lo que hemos hecho en el caso de Odebrecht, decretando la terminación del contrato para la Ruta del Sol II a principios del año, y otras investigaciones que tenemos respecto a colusiones, que seguramente se verá reflejado en decisiones en los próximos meses.
En materia de consumidor, también hay importantes decisiones. Tal vez la más sonada es la que tiene que ver con la vigilancia especial que decretamos sobre la boletería del partido Colombia – Paraguay. Pero lo más importante es ir consolidando una política pública de respeto a lo que nosotros tenemos que proteger, que es la libre competencia y los consumidores.
360: Usted como funcionario público y como ciudadano, ¿qué siente al ver por el pasaje que está transitando Colombia cuando hay que observar más episodios de carteles empresariales, corrupción y escándalo?
P.F.R.: Varias cosas, que la autoridad tenga la oportunidad de sancionar carteles empresariales deja ver que en la economía colombiana, como en las demás, hay carteles empresariales, lo que genera tristeza y muestra que algo está pasando con la ética de algunos de nuestros empresarios, pero por otro lado ver con satisfacción el cómo las autoridades colombianas son capaces de hacer lo que antes no se hacía.
360: ¿Cómo se dio cuenta que habían carteles?
P.F.R.: La Superintendencia en el pasado ya había sancionado carteles, en el año 2005 sancionó el cartel del arroz, en 2009 en cartel del cacao, el del azúcar versión 1, y el del cemento versión 1. Yo no los descubrí, lo que pasa es que se sancionaron en una época donde la máxima multa eran 700 millones, esto era irrisorio, y el país no se percató mucho de la sanción. El estado mandó una señal de debilidad, que termina generando la idea de que violar la ley paga. A nosotros ya nos tocó una nueva Ley que nos permite imponer sanciones más importantes.
Por ejemplo nos dimos cuenta del cartel del azúcar, por una denuncia que hicieron unos industriales que compran este recurso para sus productos, desde Nutresa, Coca Cola y Bimbo, hasta la Asociación de Productores de Bocadillo Veleño en Santander, quienes fueron los denunciantes. Con el superintendente José Miguel de la Calle se ordenaron unos operativos donde se encontraron las pruebas, cuyo fin era obstruir las importaciones hacia Colombia. La multa fue de 260.000 millones de pesos, más o menos 80 millones de euros.
En el cartel de los pañales, nosotros teníamos un informante. Nos metimos a Tecnoquímicas, Familia, Kimberly, que eran los jugadores y encontramos tres carteles. Cada investigación tiene sus orígenes.
360: ¿A dónde va esa plata de las multas?
P.F.R.: La Superintendencia actúa como policía económico, que impone las multas más no ordena indemnizar a la gente. El poder sancionatorio tiene el efecto de disuadir a unas personas para que ciertas conductas no se ejecuten. Si las investigaciones tuvieran por objeto indemnizar a cada ciudadano durarían 100 años.
Esa plata llega al Ministerio de Hacienda, nosotros no vivimos de lo que cazamos. Entonces la gente dirá que el ministro debe estar dichoso con el superintendente por toda esa plata, pero eso lo dice quien no tiene ni la más mínima idea de cómo funcionan las cosas, pues las multas que nosotros ponemos solo representan el 1×1000 del presupuesto general de la Nación.
360: Sabemos que no puede adelantar mucho, pero hoy ¿qué está oliendo mal en el país?
P.F.R.: La gente está denunciando y eso demuestra confianza. Nuestra fuente primordial es lo que la gente nos cuenta. Faltarán muchas cosas, en materia de carteles, y hay un trabajo muy importante en la contratación pública.
360: ¿Qué tan descentralizada está la Superintendencia en este momento?
P.F.R.: Para el tema del consumidor, bastante, no había nada y ahora hay trece casas del consumidor en las principales ciudades, donde la gente puede poner sus quejas. Además tenemos canales en aplicaciones móviles, call center, una de las mejores páginas web de las entidades del Gobierno, que además ha sido premiada, todo esto para comunicarnos con la gente.
Tenemos cuatro buses recorriendo Colombia, unidades móviles que han ido a 550 municipios. Yo creo que hemos hecho un trabajo de desbogotanización y de buscar a través de las TIC cómo tener contacto con los colombianos.
360: Hay empresas muy serias que prefieren no presentarse a licitaciones porque saben que hay empresarios que no juegan limpio. ¿Ustedes han hecho algo para eso?
P.F.R.: Las compras públicas, es decir, todo lo que las entidades del Estado necesitan comprar, equivalen más o menos al 20% del producto interno bruto que es de 900 billones de pesos al año.
Esas cosas se compran al sector privado, y esa clase empresarial tiene la posibilidad de hacer negocios con el principal actor de la economía que es el Estado, pero es una lástima que muchas empresas en Colombia no quieran participar de ese mecanismo de compras públicas, porque no están dispuestos a someterse a todo tipo de irregularidades que ocurren allí.
Esto genera varias consecuencias, la pérdida de oportunidad de negocios para muchas empresas, y más grave aún, que el Estado se priva de contratar eventualmente con el mejor contratista o el mejor proveedor, y al no contratar con el mejor, no recibe los beneficios de la competencia.
Nosotros en la Superintendencia creemos que es prioridad meterle el diente a las licitaciones públicas, que se tienen que convertir en una especie de fiesta, para que todos concurran felices. Así podríamos tener carreteras y aeropuertos no construidos por cualquiera, sino por los mejores ingenieros.
360: ¿Qué va a hacer en este tiempo que le queda como superintendente?
P.F.R.: Consolidar el grupo élite de colusiones en licitaciones públicas y terminar las investigaciones que faltan. Decisiones que faltan por tomar en Ruta del Sol II, presunto cartel del cemento, resolver algunos recursos que se han interpuesto contra nuestras decisiones y seguir haciendo la tarea. Esta es una entidad que tiene muchos años pero son pocos en los que ha tenido impacto en políticas públicas.