En un movimiento político sin precedentes en su mandato, el presidente Gustavo Petro Urrego presentó formalmente al Senado de la República una solicitud para llevar a cabo una consulta popular nacional enfocada en una ambiciosa reforma laboral. La propuesta incluye doce preguntas clave que apuntan a transformar profundamente el panorama de los derechos laborales en Colombia.
La solicitud, radicada el 1 de mayo en el marco del Día del Trabajo, fue firmada y sellada por la Secretaría General del Senado a las 3:10 p. m., y está dirigida a Efraín José Cepeda Sarabia, presidente del Senado, y Diego Alejandro González, secretario general. Esta iniciativa busca activar los mecanismos de participación ciudadana establecidos en la Constitución de 1991 y en las leyes estatutarias 134 de 1994 y 1757 de 2015.
Esto es lo que propone Gustavo Petro en su consulta popular sobre la reforma laboral
A continuación, presentamos uno a uno los puntos que componen esta consulta popular, que de ser aprobada por el Congreso, iría a votación ciudadana:
- Jornada laboral de máximo 8 horas: La primera pregunta propone limitar la jornada laboral a un máximo de 8 horas diarias, estableciendo como horario estándar entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m. Esta medida sigue la tendencia global de buscar mayor equilibrio entre vida y trabajo, y podría impactar la productividad y los costos laborales.
- Recargo del 100% por trabajo dominical o festivo: Petro plantea que se pague el doble por trabajar en días de descanso dominical o festivo, una medida que favorecería a los trabajadores del comercio, el sector salud y otras industrias que operan 24/7.
- Créditos e incentivos para pymes: Se propone que las micro, pequeñas y medianas empresas —especialmente las asociativas— accedan a créditos con tasas preferenciales e incentivos para fomentar proyectos productivos. Este punto apunta a dinamizar el sector empresarial desde la base.
- Permisos por salud y licencias menstruales: Otro aspecto innovador es el reconocimiento de permisos remunerados para atender citas médicas y licencias por menstruaciones incapacitantes, introduciendo una perspectiva de género en la legislación laboral.
- Inclusión de personas con discapacidad: La consulta propone que las empresas estén obligadas a contratar al menos dos personas con discapacidad por cada 100 empleados, fortaleciendo así la inclusión laboral y el cumplimiento de los derechos de esta población.
- Contrato laboral para aprendices del SENA: La sexta pregunta busca formalizar el aprendizaje laboral al exigir que los estudiantes del SENA y otras instituciones similares tengan contratos de aprendizaje con carácter laboral, lo cual implicaría remuneración, afiliación a seguridad social y derechos laborales básicos.
- Derechos para trabajadores de plataformas digitales: En línea con las discusiones internacionales, se plantea que los trabajadores de plataformas de reparto y transporte acuerden su tipo de contrato y tengan garantizado el acceso a la seguridad social.
- Régimen especial para trabajadores agrarios: Se propone un régimen laboral especial que obligue a los empleadores del campo a garantizar derechos laborales y un salario justo a los trabajadores agrarios, quienes históricamente han estado entre los más desprotegidos del sistema.
- Fin de la tercerización mediante contratos sindicales: Una de las preguntas más polémicas es la que busca eliminar la tercerización laboral y la intermediación mediante la promoción de contratos sindicales, lo que modificaría profundamente el modelo de contratación utilizado por muchas empresas.
- Formalización de sectores informales: Se busca formalizar y garantizar acceso a la seguridad social a trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores y demás trabajadores informales, reconociendo su labor y extendiéndoles derechos básicos.
- Contrato indefinido como norma general: Otro cambio estructural propuesto es promover el contrato a término indefinido como regla general en las relaciones laborales, en lugar de los contratos temporales que hoy predominan en el mercado.
- Fondo especial para pensiones campesinas: Finalmente, se contempla la creación de un fondo especial para reconocer un bono pensional a los campesinos del país, reconociendo décadas de trabajo informal y sin protección en el sector rural.
Un debate que apenas comienza: La iniciativa presidencial, presentada como una consulta popular, deberá primero recibir el aval del Senado antes de ser convocada oficialmente. Si supera este paso, pasará a revisión de la Corte Constitucional y, eventualmente, a las urnas.
El gobierno ha justificado esta medida con base en el artículo 25 de la Constitución, que establece que “el trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado”.
Desde ya, la propuesta ha generado reacciones encontradas en sectores empresariales, sindicales y políticos. Mientras los defensores aplauden el esfuerzo por dignificar el trabajo y cerrar brechas históricas de desigualdad, los críticos advierten sobre los posibles impactos económicos y de empleo formal que podrían derivarse de estos cambios.
Sea cual sea el desenlace, la consulta popular propuesta por Gustavo Petro promete convertirse en uno de los hechos políticos más relevantes del 2025 en Colombia, y un parteaguas en el debate sobre el futuro del trabajo en el país.
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