Uribismo propuso congelar el salario de congresistas, pero ahora advierte que sería inconstitucional

Foto: Óscar Pérez - El Espectador

Por: Redacción 360 Radio


La bancada del Centro Democrático, en compañía de la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez, se reunieron para analizar la propuesta de congelar y posteriormente disminuir el salario de los congresistas, tal y como se acordó entre el Gobierno Nacional, los promotores de la consulta anticorrupción y los partidos políticos.

Para los miembros de la bancada uribista el planteamiento podría ser inconstitucional. Además violaría los tratados consignados con la Organización Internacional del Trabajo, OIT.

Para Paloma Valencia la decisión de reducir los salarios mínimos a 25 en los sueldos de los congresistas, podría generarle demandas al Estado.

“Un principio del derecho laboral y que está en los tratados de la OIT, el cual ha reconocido Colombia, es que los salarios no se pueden bajar. Esta la duda de si un congresista actual que sea reelegido en el siguiente cuatrienio, ingrese con un salario menor y eso se pueda interpretar como una reducción del mismo y por lo tanto pueda demandar al Estado”, explicó la senadora del Centro Democrático.

También agregó que estos cambios abruptos en el salario de los empleados públicos podría generar problemas de participación laboral en este ámbito, pues las personas del sector privado no verían con buenos ojos ingresar al sector público.

El presidente del Senado, Ernesto Macías Tovar, hace pocos días se pronunció al respecto y aseguró que: “Un principio del derecho laboral y que está en los tratados de la OIT, el cual ha reconocido Colombia, es que los salarios no se pueden bajar. Esta la duda de si un congresista actual que sea reelegido en el siguiente cuatrienio, ingrese con un salario menor y eso se pueda interpretar como una reducción del mismo y por lo tanto pueda demandar al Estado”.

Ahora este mismo debate sobre si es inconstitucional o no esta medida se trasladará a la mesa técnica anticorrupción, la cual está conformada por el Gobierno Nacional, los partidos políticos y los promotores de la campaña anticorrupción.