La discusión sobre la valorización en Antioquia llegó a uno de sus principales puntos de definición con la aprobación del proyecto de acuerdo presentado por la Gobernación, una iniciativa que obtuvo 13 votos a favor y 6 en contra durante el segundo y último debate en la plenaria de la Asamblea, con lo que el Departamento quedó habilitado para avanzar hacia el cobro de este mecanismo con el propósito de financiar cuatro proyectos viales en distintas subregiones.
El proyecto contempla una inversión de $852.497 millones para intervenir 76,53 kilómetros de corredores ubicados en el Oriente, el Suroeste y Urabá, después de que durante el trámite en la corporación se redujera de manera considerable el alcance de la propuesta inicial, que contemplaba seis corredores y una inversión cercana a los $4,8 billones.
Valorización en Antioquia: Las vías que quedaron incluidas en el proyecto
El listado definitivo está integrado por los corredores El Canadá – El Carmen de Viboral, La Unión – El Carmen de Viboral, Jericó – Buenos Aires – La Bodega, en jurisdicción de Andes, y el circuito vial de Urabá, conformado por Ríogrande – Nueva Colonia – Embarcadero – Zungo – Casa Verde.
La propuesta había recibido el respaldo de la Comisión Primera de la Asamblea, encargada de los asuntos económicos y de hacienda, el pasado 28 de septiembre, por lo que la sesión de este martes representaba el último paso dentro de la corporación antes de que el proyecto pueda continuar hacia la sanción del gobernador.
Aunque existe coincidencia entre buena parte de los diputados sobre la necesidad de mejorar estos corredores, el mecanismo elegido para conseguir los recursos generó diferencias, debido a que la valorización implica trasladar parte del costo de las obras a propietarios ubicados en las zonas beneficiadas.
Valorización genera reparos entre gremios y diputados
Uno de los principales cuestionamientos llegó desde Urabá, donde el gremio bananero manifestó su desacuerdo con que la infraestructura vial de la región sea financiada mediante un cobro que, a su juicio, tendría un impacto desproporcionado sobre el sector productivo.
Marco Tulio Calvo Sánchez, vocero de Augura, señaló que el gremio no se opone a los proyectos destinados a mejorar la competitividad del departamento, pero cuestionó la forma planteada para financiar las obras.
Los reparos también estuvieron presentes entre algunos diputados, entre ellos Luis Peláez, de Dignidad y Compromiso, quien expresó su oposición a la valorización y advirtió sobre el posible efecto que los cobros podrían tener sobre propietarios de predios ubicados en las zonas intervenidas.
El debate, además, tuvo una dimensión política, pues algunos sectores cuestionaron la conveniencia de aprobar un mecanismo tributario de este tipo a pocos meses de las elecciones, en un escenario marcado por mayores presiones sobre los hogares y las empresas.
Frente a estas críticas, la Secretaría de Infraestructura defendió que la valorización constituye una alternativa para ejecutar obras que, bajo las actuales restricciones presupuestales, no podrían ser financiadas únicamente con recursos departamentales.
La dependencia recordó que Antioquia ha destinado cerca de $2,7 billones a la intervención de 1.072 kilómetros de vías mediante diferentes fuentes de financiación. De ese monto, $1,5 billones corresponden a recursos propios, $383.251 millones a regalías, $71.630 millones a una combinación de regalías y recursos propios, mientras que otros $776.912 millones provienen de obras por impuestos.
La Gobernación sostiene que estos recursos ya han permitido ejecutar mecanismos de estabilización, mejoramientos, placas, huellas, puentes y otras intervenciones, pero considera necesario incorporar nuevas fuentes para atender corredores que requieren inversiones de mayor alcance.
Con la aprobación en la plenaria, el proyecto deja atrás su etapa de discusión en la Asamblea y avanza hacia la sanción del gobernador, mientras continúa el debate sobre cuánto deberán aportar los propietarios, cómo se aplicarán los tratamientos diferenciales y cuál será finalmente el impacto del cobro en los territorios donde se desarrollarán las obras.
