Hay números que duelen en el momento en que se conocen y hay números que duelen despacio, años después, cuando sus consecuencias ya son irreversibles. El dato que publicó el Banco de la República sobre la inversión privada en Colombia pertenece a la segunda categoría: el 17,5% del PIB, el nivel más bajo en dos décadas, no produce titulares de pánico, no genera marchas ni discursos de indignación. Llega silencioso. Y eso lo hace más peligroso.
Conviene entender qué significa ese número. La inversión privada es el termómetro más honesto de la confianza en una economía. No miente, no hace campaña, no espera nada a cambio. Cuando las empresas, los emprendedores y los capitales nacionales y extranjeros deciden invertir en un país, es porque creen que las reglas del juego son estables, que habrá retorno, que el Estado es un socio razonable y no un adversario. Cuando se van o dejan de llegar, es porque esa confianza se rompió. En Colombia, se rompió.
El gobierno Petro llegó con un diagnóstico, el modelo económico colombiano beneficiaba a unos pocos y excluía a las mayorías. El diagnóstico tenía partes ciertas. Pero el remedio aplicado, retórica hostil hacia el sector privado, reformas diseñadas para desestabilizar en lugar de transformar, señales contradictorias a los mercados internacionales, cuestionamiento permanente de los contratos y las instituciones de supervisión, produjo exactamente lo contrario de lo prometido. El capital no espera, se va. Y cuando se va, los primeros afectados no son los empresarios que pueden mover sus activos; son los trabajadores que pierden empleos formales, los jóvenes que no encuentran dónde entrar al mercado laboral, las familias que ven crecer el sector informal porque el formal no absorbe.
El crecimiento del 2,2% registrado en el primer trimestre de 2026 no debe engañar. Ese crecimiento lo jalaron la administración pública, la salud y la educación, es decir, el gasto estatal. La construcción sigue en caída. La minería, débil. El sector financiero, contenido. Una economía que crece por el gasto público y no por la inversión privada no está prosperando: está siendo sostenida artificialmente. Y el sostenimiento artificial tiene una fecha de vencimiento que coincide, en este caso, con el estado de las finanzas públicas que es otra historia igualmente preocupante.
Lo que Colombia enfrenta hoy es un círculo vicioso clásico: sin inversión privada no hay empleo de calidad, sin empleo de calidad no hay recaudo tributario robusto, sin recaudo no hay margen fiscal para el gasto social que el gobierno prometió. El populismo económico no redistribuye la riqueza: redistribuye la escasez.
Recuperar la confianza inversionista no es un proyecto de meses. Es un proceso de años que requiere señales claras, instituciones sólidas, reglas estables y un gobierno que trate al capital privado como lo que es: el motor del empleo y el bienestar, no el enemigo de la equidad. El próximo presidente, sea quien sea, hereda este déficit de confianza. Reconocerlo con honestidad es el primer paso para revertirlo. Ignorarlo, como ha hecho el petrismo, solo profundiza el hueco.