En una nueva iniciativa para reforzar el cumplimiento de las leyes migratorias, el Gobierno de Estados Unidos anunció que requerirá una fianza de hasta 15.000 dólares a algunos solicitantes de visas de no inmigrante tipo B-1/B-2, destinadas a viajes por negocios o turismo, provenientes de países con altos índices de personas que sobrepasan su tiempo de estadía permitido.
El anuncio fue realizado mediante una notificación oficial publicada por el Departamento de Estado en el Registro Federal, en la que se detalla el inicio de un programa piloto de 12 meses, aunque no se ha especificado aún cuáles serán los países incluidos en la medida.
“Los funcionarios consulares podrían requerir a los solicitantes de visas de no inmigrantes que paguen una fianza de hasta 15.000 dólares como condición para la emisión del visado”, señala el documento.
¿En qué consiste la nueva medida?
El programa piloto estima que cerca de 2.000 solicitantes enfrentarán el pago de una fianza promedio de 10.000 dólares. Este monto sería reembolsado una vez que el viajero demuestre que ha salido del país dentro del tiempo autorizado por su visa.
El objetivo principal es reducir el número de personas que ingresan legalmente a Estados Unidos pero permanecen en el país más allá del período permitido, un fenómeno que, según datos oficiales, afectó a más de 500.000 personas durante el año fiscal 2023.
Esta nueva política forma parte de un paquete de medidas impulsadas inicialmente por la administración del expresidente Donald Trump, que aún tiene efectos en las regulaciones migratorias actuales. Entre ellas se incluye la conocida “tarifa de integridad de visa”, que impone un cargo mínimo de 250 dólares adicionales a todos los visitantes extranjeros que ingresan al país con visado.
Nuevas reglas para la visa americana: fianza de US$10.000 será obligatoria en ciertos casos
La implementación de esta fianza busca ejercer presión sobre los gobiernos extranjeros para que refuercen los controles migratorios y mejoren los procesos de verificación de identidad y antecedentes penales de sus ciudadanos antes de aplicar a una visa estadounidense.
“El Departamento manda un mensaje a todos los países para que tomen acciones inmediatas para incentivar a sus ciudadanos a cumplir con la ley de inmigración de Estados Unidos”, añade la notificación.
Sin embargo, defensores de derechos migratorios han expresado preocupaciones sobre el impacto desproporcionado que esta medida podría tener sobre los solicitantes de bajos recursos o provenientes de países con condiciones socioeconómicas difíciles.
Por qué es importante: La misma legislación impulsada durante el mandato de Trump, descrita por sus promotores como “la gran y hermosa ley”, introdujo además un nuevo arancel de 100 dólares para la solicitud de asilo, así como una cuota adicional de 100 dólares por cada año que la solicitud permanezca sin resolverse. Esta es la primera vez en la historia que Estados Unidos impone un costo económico al proceso de asilo, generando fuertes críticas por parte de organizaciones humanitarias.
A pesar de las medidas restrictivas, Estados Unidos emitió casi 11 millones de visas de no inmigrante en 2024, de acuerdo con cifras oficiales del Departamento de Estado. Esta cifra incluye visas de turismo, negocios, estudio, trabajo temporal y otras categorías.
El Departamento de Estado anunció que en las próximas semanas se publicará la lista completa de países cuyos ciudadanos estarán sujetos a esta nueva fianza. Mientras tanto, la comunidad internacional y organismos defensores de derechos humanos observan con atención los posibles efectos de estas políticas sobre la movilidad global y el acceso a oportunidades legítimas de viaje.
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