El hecho: El Centro Democrático radicó un proyecto de ley para restablecer el Día sin IVA y permitir hasta tres jornadas de exención tributaria al año.
¿Por qué es importante? Porque busca estimular el consumo, apoyar al comercio y convertir el Día sin IVA en una herramienta permanente para enfrentar periodos de desaceleración económica.
¿Cuál es el contexto? La iniciativa retoma una propuesta que fue aprobada por el Congreso en 2024, pero que no prosperó tras un vicio de trámite durante el proceso legislativo.
¿A quiénes afecta y cómo? A consumidores, comerciantes y productores nacionales, quienes podrían beneficiarse de un mayor dinamismo en las ventas y de incentivos para adquirir determinados bienes sin IVA.
¿Qué intereses hay en juego? La reactivación del consumo interno, el fortalecimiento del comercio formal, el apoyo a la industria nacional y el impacto que la medida tendría sobre el recaudo tributario.
Dato clave a tener en cuenta: El proyecto prioriza los bienes fabricados o ensamblados en Colombia o con un contenido nacional de al menos el 50 %, además de exigir factura electrónica para acceder a la exención del IVA.
El debate sobre el regreso del Día sin IVA volvió al Congreso de la República. La bancada del Centro Democrático radicó un proyecto de ley con el que busca convertir esta estrategia de alivio tributario en una herramienta permanente para estimular el consumo de los hogares y fortalecer la actividad comercial en momentos de desaceleración económica.
La propuesta plantea que el Gobierno Nacional pueda autorizar hasta tres jornadas anuales en las que determinados productos queden exentos del Impuesto al Valor Agregado (IVA). El objetivo es ofrecer un incentivo para las compras de los ciudadanos y, al mismo tiempo, respaldar a sectores productivos y comerciales mediante un aumento en las ventas.
El proyecto del Día sin IVA busca impulsar el consumo y fortalecer la producción nacional
De acuerdo con la iniciativa, el beneficio aplicaría para una lista específica de bienes de consumo, entre ellos prendas de vestir, electrodomésticos, computadores, equipos de comunicaciones, útiles escolares, juguetes, artículos deportivos y algunos insumos destinados al sector agropecuario. Cada categoría mantendría límites de valor establecidos en UVT para acceder a la exención.
Uno de los aspectos centrales del proyecto es el respaldo a la industria nacional. El texto propone priorizar los bienes fabricados o ensamblados en Colombia, así como aquellos que cuenten con un contenido nacional igual o superior al 50 %, con el propósito de incentivar la producción local y generar un mayor impacto sobre la economía.
La iniciativa también establece reglas para garantizar la trazabilidad de las operaciones. Las compras deberán estar respaldadas por factura electrónica con validación previa y será obligatorio identificar al consumidor final para acceder al beneficio tributario.

Asimismo, los comerciantes tendrán un plazo máximo de dos semanas para entregar los productos adquiridos durante las jornadas y el descuento correspondiente al IVA deberá reflejarse directamente en el precio pagado por el comprador.
El proyecto contempla además un límite de hasta tres unidades de un mismo bien por persona cuando la compra se realice al mismo vendedor, una medida que busca evitar el uso indebido del beneficio y privilegiar las compras para consumo final.
Otro de los puntos incluidos en la propuesta es la obligación para el Gobierno de presentar un informe anual al Congreso sobre los resultados de las jornadas. Ese balance deberá evaluar aspectos como el comportamiento del consumo, el impacto en las ventas del comercio, la generación de empleo, el fortalecimiento de la producción nacional, la formalización empresarial y los efectos sobre el recaudo tributario.
La iniciativa retoma un proyecto que había sido aprobado por el Congreso en 2024, pero que posteriormente quedó sin efecto debido a un vicio de trámite identificado durante el proceso legislativo. Con esta nueva radicación, el Centro Democrático busca reabrir la discusión sobre una medida que durante su implementación generó un aumento en la actividad comercial y que ahora volverá a ser analizada por el Legislativo.