Por: José Félix Lafaurie
Estados Unidos no negocia con terroristas, pero un presidente demócrata no tuvo reparos en instar al gobierno colombiano a que hiciera lo que ellos no hacen, designó enviado especial a las negociaciones, ¡en Cuba!, y permitió que su secretario de Estado se reuniera con las Farc –el hoy prófugo Márquez incluido–, un grupo que estaba en su lista de terroristas desde 1997 y reconocido por la DEA como narcotraficante.
Ese apoyo, solicitado por Santos para apuntalar su proceso y su Nobel, estrechó los lazos del centro-santismo y de la izquierda con el partido demócrata, al punto que hasta las Farc olvidaron su “antiimperialismo yanqui” y se desbordaron en gratitud.
Los demócratas sienten suyo el Acuerdo y, en consecuencia, el apoyo de ayer se transformó, al vaivén de sus intereses políticos locales, en intervención sistemática e indebida en los asuntos internos de nuestro país, rayando en posiciones irrespetuosas e insultantes al gobierno colombiano.
En la semana que termina, 94 de ellos le escribieron al secretario de Estado, Mike Pompeo, pidiéndole “presionar”, sí, presionar al presidente Duque para que “se comprometa a cumplir el acuerdo de paz” y proteja a los líderes sociales que, según ellos, son asesinados por “La lentitud del Gobierno en implementar los acuerdos, su fracaso en llevar el Estado a las zonas de conflicto, y su imposibilidad de detener y/o castigar los ataques…”.
No satisfechos, exigen “desmantelar los nuevos grupos paramilitares” –¿cuáles?–, “financiar de manera adecuada la justicia transicional” -¿más?- y, no podían faltar, “acciones contundentes” contra miembros del Ejército responsables de presuntos delitos.
De hecho, una semana antes, un comunicado del famoso Senador Leahy se sumaba a la tesis apátrida de los hermanos Samper, de que los abusos sexuales de algunos militares no son casos aislados sino “un claro patrón de una cultura al interior de las Fuerzas Armadas que los tolera o ignora”.
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Parece que el verano activa a los congresistas demócratas en su pretensión de “cogobernar” en Colombia. En mayo de 2019, el mismo Leahy, junto con otros dos colegas, le escribía al presidente Duque vetando los nombramientos de la cúpula militar a partir de un informe sesgado de Human Rights Watch, y poco después le exigía investigar a María Fernanda Cabal por su rechazo a las acusaciones infames de un periodista del NYT en contra del ejército y del gobierno, al que no bajaba de asesino.
En el mismo mes, 79 congresistas enviaron una carta a Pompeo muy parecida a la de los 94 de este año, en la que defienden el papel de la JEP y acusan al gobierno de debilitar o anular los compromisos del Acuerdo, de no desmantelar –otra vez– grupos sucesores del paramilitarismo, ni investigar sus nexos con elementos corruptos de la fuerza pública.
Al mes siguiente, en junio, doce más, en otra de sus cartas, acusaban al gobierno de no cumplir los compromisos del TLC en cuanto a empleo y protección al sindicalismo.
Y ahora…, ¿a qué juegan los demócratas? Cartas van, cartas vienen, acusaciones espurias, negacionismo del narcotráfico como causa de los asesinatos, la ilegalidad y la violencia, y exigencias insolentes al gobierno para que cumpla con lo que ya está cumpliendo. Pero claro; sus fuentes no son el diligente comisionado Archila, ni el comisionado Ceballos, ni los ministros ni el presidente Duque, sino sus amigos, los mismos interesados en desprestigiar al gobierno; es algo que se percibe en el “tono” de sus exigencias, que parece “libreteado” desde la oposición suicida, que busca abrirle paso al odio, a la desestabilización y a soluciones populistas que se asoman peligrosamente.