Mientras la sociedad civil, los empresarios, los industriales y, en general, la clase productiva del país trata de entender la medida del aumento del salario mínimo en Colombia, a una cifra que el Gobierno presenta como histórica, ahora nos enfrentamos a una derivada de la evidente crisis presupuestaria del Gobierno nacional, íntimamente ligada a un endeudamiento fiscal que no deja de ensancharse: la búsqueda de recursos para financiar el presupuesto de 2026.
$152 billones, o más exactamente $152,25 billones, es la cifra que el Gobierno Nacional, a través del Decreto 1478 de 2025, pretende colocar en el mercado mediante TES Clase B para, entre otras cosas, financiar apropiaciones del Presupuesto General de la Nación y cubrir necesidades específicas de caja asociadas al funcionamiento del Estado.
Esta coyuntura preocupa porque se suma a los principales problemas que viene arrastrando el país en materia de financiamiento: efectos agresivos sobre el acceso al crédito (encarece), presión al alza sobre las tasas de interés y, por supuesto, el efecto crowding out que podría terminar también absorbiendo el ahorro y limitaciones en materia de inversión.
Por otra parte, el decreto introduce variantes que pueden leerse, mayoritariamente, como negativas, en la medida en que reflejan una decisión política sobre cómo se ha venido administrando el Estado en lo corrido del año. Vale recordarlo: en una columna de diciembre del año pasado advertí el “ajustazo fiscal” que podía llegar hacia la parte final de este gobierno. Ya se veían decisiones que venían desencadenándose, como romper la regla fiscal, en un contexto en el que el rubro de intereses pasó del 2,2% del PIB en 2014 al 4,4% en 2024, con una proyección de 4,6% para 2025. Es decir, un aumento sostenido del gasto por intereses y su correlación directa con el servicio de la deuda.
De tal manera que este salto, del 2,2% al 4,4% en una década, ha afectado significativamente al país. Y aquí viene el dato fino del decreto: de esos $152,25 billones, $85,25 billones corresponden a financiar apropiaciones del Presupuesto General de la Nación y $67 billones se autorizan para operaciones temporales de tesorería, orientadas al manejo directo de caja para el funcionamiento del Estado.
Adicionalmente, es importante precisar el dato que suele resumirse como “riesgo país”: en enero de 2026, la prima de riesgo de Colombia frente a Estados Unidos alcanzó un valor de 867 puntos, el nivel más alto registrado en lo corrido del año. Ese termómetro no es un detalle menor. Es una señal, y es una señal cara.
En ese sentido, si ponemos sobre la mesa las variables económicas en términos de política internacional, al margen de las inversiones y de las posibilidades de proyección de crecimiento, aparece un cuadro que se retroalimenta: la incertidumbre se traduce en costo de financiamiento, y ese costo termina reflejándose tanto en lo que el mercado le exige al Gobierno como en lo que pagan hogares y empresas por crédito. Y ahí entra también la discusión sobre un posible aumento de las tasas de interés de intervención, adelantándose a efectos inflacionarios esperados, en un país donde el aumento del salario mínimo ya se empieza a ver reflejado en la economía.
Por eso me gusta hacer esta analogía, como comentario de los efectos negativos de las últimas decisiones económicas del Gobierno Nacional: tratar de desindexar los productos de la canasta familiar del salario mínimo es como correr detrás de una liebre. No por la teoría, sino por el momento. Las decisiones, la simbología y los mensajes directos a los distintos sectores de la economía, y adicionalmente también a los inversionistas, ya vienen cobrando factura y la seguirán cobrando. Así que tratar de desindexar, en estas condiciones, puede terminar teniendo un efecto estéril.
De tal manera que, pensando en la sanidad de las finanzas públicas del país, pensando en la política monetaria y pensando en el corto plazo, esta medida de emitir $152,25 billones en bonos no aparece en el vacío. Se suman otras razones, otras derivadas, y efectos negativos previsibles. Es, además, una muestra fidedigna del desorden en la administración de recursos y del despilfarro desde el gasto. Y es una forma clara de ver cómo, en este caso, el gasto de funcionamiento cobra una gran proporción de lo que se espera hacer uso de esos $152 billones.
Y aquí conviene recordar, como también lo afirmaba en mi columna de diciembre, que la variable del gasto en el servicio de la deuda tiene efectos que, en este contexto, son únicamente negativos. De tal forma que es importante recordar que el gasto establecido para 2026 corresponde a $454,4 billones. De ese monto, una cifra que llama la atención es que $365,8 billones se destinan exclusivamente al funcionamiento del Estado. Ahorita se está buscando ampliar ese rubro de funcionamiento en partidas que ya han quedado claras en el relato anterior.
Es decir, de acuerdo con este decreto, $85,25 billones corresponden a financiar apropiaciones del presupuesto y los otros $67 billones corresponden a operaciones temporales de tesorería, destinadas al manejo de caja para el funcionamiento del Gobierno en el transcurso del año. Y eso, dicho sin eufemismos, es sostener el engranaje del gasto corriente con más y más costo financiero.
Este escenario lo que hace es agravar las condiciones de la economía colombiana para los próximos años y elevar la exigibilidad sobre los otros entes tomadores de decisión económica, en el caso del Banco de la República, para tratar de contener, vía política monetaria, los efectos negativos. Porque cuando la política fiscal insiste en expandir necesidades de financiamiento, la política monetaria termina quedando empujada a compensar, anticiparse o endurecerse.
Los efectos de estas medidas fiscales del Gobierno Nacional, principalmente el deterioro de las finanzas públicas y la señal de manejo frente a coyunturas económicas clave, son preocupantes. Es preocupante que un país como Colombia mantenga hoy un déficit fiscal tan alto, que siga ampliándose, y que las decisiones para tapar las ranuras creadas por la forma en que se han administrado los recursos terminen trasladando esa presión al conjunto de la economía.
Es importante que este tema sea abordado con el mayor rigor institucional y que las formas de financiamiento del Gobierno no terminen afectando aún más los intereses de toda la nación, que hoy parece quebrajarse económicamente por la situación fiscal. Esta emisión genera desconfianza en el mercado internacional, y también presiona la banca privada por el efecto que genera sobre tasas: compite por el ahorro, encarece el fondeo, y ese aumento termina trasladándose al crédito.
Y, desde luego, a eso se sumará un reajuste adicional si se materializa un aumento de las tasas de interés de intervención para tratar de menguar el efecto estacional de diciembre en este primer trimestre de 2026, en conjunto con adelantarse a presiones inflacionarias que se esperarán por el aumento del salario mínimo en Colombia. En este punto, el país queda atrapado en un círculo difícil: más gasto, más necesidad de financiamiento, más costo del dinero, menos margen para crecer, y una cuenta que no desaparece, solo se difiere.
Por: Andrés David Rico Salazar- @AndresDRico
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