Un derecho de petición presentado por la senadora Paloma Valencia encendió el debate sobre la política de seguridad del gobierno de Gustavo Petro, luego de que la congresista asegurara que durante 733 días no se habrían adelantado acciones militares contra las disidencias conocidas como “Calarcá”, en el marco de los ceses al fuego promovidos por la estrategia de Paz Total.
De acuerdo con la información divulgada por la parlamentaria, este periodo equivaldría a cerca de dos años en los que el grupo armado habría operado sin confrontación directa por parte de la Fuerza Pública, bajo condiciones derivadas de los acuerdos de cese al fuego, la senadora sostiene que esta situación habría facilitado la expansión de dichas estructuras en distintas regiones del país.
Derecho de petición de Paloma Valencia cuestiona 733 días sin acciones contra disidencias de “Calarcá
El documento también menciona otros periodos de suspensión de operaciones contra diferentes organizaciones armadas, entre ellos 538 días de cese al fuego con el ELN, 195 días con la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, así como lapsos de 180 días con el Ejército Gaitanista y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, cifras que, según la congresista, reflejan una política de contención que habría limitado la capacidad operativa del Estado frente a estos actores.
Otro de los puntos que generó controversia es la supuesta designación de 108 voceros o representantes de grupos armados, lo que, según Valencia, habría restringido la posibilidad de actuar en su contra, incluso en escenarios donde los ceses al fuego se hubieran levantado, dentro de estos voceros se encontraría alias “Calarcá”, quien mantendría ese estatus hasta la fecha.
La senadora también advirtió sobre posibles riesgos institucionales, al señalar que, en su concepto, esta dinámica habría permitido a integrantes de estas estructuras influir o intentar infiltrarse en entidades del Estado como el Ministerio de Defensa, la Dirección Nacional de Inteligencia y la Superintendencia de Vigilancia, además, afirmó que el grupo habría incrementado su número de integrantes hasta aproximarse a los 3.000 hombres.
Hasta el momento, el Gobierno no ha emitido una respuesta detallada frente a estos señalamientos puntuales, sin embargo, desde la administración Petro se ha defendido la política de Paz Total como un mecanismo orientado a reducir la violencia y avanzar en procesos de negociación con distintos actores armados, en medio de este panorama, los cuestionamientos planteados reavivan la discusión sobre los alcances, riesgos y resultados de esta estrategia de seguridad en Colombia.
