EDITORIAL
El sector minero-energético es una industria que afecta directamente la cotidianidad de las personas que viven en Colombia, sin importar la raza, el sexo, ni el estrato social.
Esta industria para muchos lejana, desconocida, simplemente que se encarga de extraer algunos recursos naturales, de exportarlos y recibir jugosos dividendos por parte de unas empresas privadas, termina siendo solo una de tantas distorsiones que se han generado en las narrativas que los colombianos han conocido en los últimos años.
El sector minero-energético es una industria que afecta directamente la cotidianidad de cada uno de los colombianos, sin importar la raza, el sexo, ni el estrato social. Es una industria que genera aproximadamente un millón de empleos, que aporta más de 16 billones de pesos al fisco para que luego ese dinero el Estado se lo gaste en las regiones, y ojalá se lo gastara bien gastado pero no es así.
Lo que conocemos semana tras semana es que hay un gran bombero, quien es el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo. Él sale corriendo cada vez que necesita calmar los ánimos económicos, de las calificadoras, de los bancos, de los inversionistas, de la población en general a apagar una y otra declaración, antes de la ministra de Minas Irene Vélez, y ahora de su viceministra quien salió muy envalentonada en el congreso de Naturgas que se efectuó la semana pasada en Cartagena a decir que no se iban a firmar más contratos de exploración en Colombia para nadie y que se iba a respetar lo que se tenía firmado.
Luego, Irene Vélez la desmiente y dice que no están cerradas las puertas a nuevos contratos, luego dice el ministro Ocampo y dice que esto no se ha debatido; esto ya indica un primer problema en el Gobierno Petro y es la falta de comunicación. No hay sincronicidad dentro de los ejes principales de gobierno que afectan la confianza inversionista, la estabilidad de los mercados, la seguridad jurídica y las garantías para las operaciones.
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En la actualidad la reforma tributaria amenaza directamente el desarrollo de la industria minero-energética, abriendo irresponsablemente el paso para las importaciones desde mercados externos como Venezuela, en donde el cuerpo de la ministra de Minas sigue sosteniendo que se importará gas de Venezuela con el pretexto de no hacerlo en Colombia, sin ninguna razón científica o con algún elemento probatorio que demuestre que esto es lo correcto.
Lo anterior, provoca que los materiales de construcción y otros elementos derivados de estos componentes se encarezcan más para los colombianos en un panorama de inflación, de altas tasas de interés y sobre todo de un crecimiento económico que se va a ir en picada el próximo año.
La carga tributaria que se le quiere imponer a este sector no solamente es injusta, desproporcionada sino irresponsable. Acaba de un tajo con los procesos de formalización, fomenta la ilegalidad, la contaminación de los ríos, la violencia, el narcotráfico, el contrabando y el control de grupos criminales en las regiones mineras colombianas.
Lo que se ha aprobado la semana pasada en el Congreso desconoce todo tipo de argumento, de indicador y sobre todo de elementos probatorios que irrefutablemente indican que es una mala decisión la que está tomando este gobierno respecto a una reforma tributaria que va a provocar que los porcentajes de tributación superen el 70 %.
Antes de esta reforma, según varios estudios la tasa de tributación era la más alta de la región, cifras estimadas por el mismo Gobierno colombiano: 74 %. ¿Cómo se puede competir contra Brasil, Chile, México y Perú si tenemos altas tasas impositivas. Esto no se puede permitir.