Lamentablemente, la naturaleza de muchas personas en este país está diseñada para que se aplique la famosa frase que ha hecho carrera, con razón y muchas pruebas en Colombia: «hecha la ley, hecha la trampa». Hay personas que siempre están buscando la oportunidad política para sacar adelante intereses personales, en los cuales el dinero, el protagonismo político e, incluso, lamentablemente, intereses ilegales salen a flote.
Para no entrar en tecnicismos, la consulta previa, en términos generales, buscaba entregarle a las comunidades vecinas de un proyecto, ya sea del Estado, del sector privado o de ambos en conjunto, la oportunidad de recibir un trato diferencial y de ser escuchadas, además de ser incluidas antes, durante y después de la ejecución de dichos proyectos. En muchas ocasiones, esto funcionó muy bien, permitiendo a numerosas comunidades recibir generosas ofertas de empleo, inversiones en salud, educación y vías. Muchas comunidades consideraban estos proyectos prácticamente una bendición para sus hijos y nietos.
Con el paso del tiempo, y cuando la «danza de los millones» empieza a convertirse en el epicentro de todas las negociaciones, ciertas comunidades comienzan a ver esto como la oportunidad de sacarle rentas a los proyectos, bajo el supuesto de que los proyectos son muy prósperos. Así inicia el proceso de extorsión, donde la comunidad le dice al proyecto: «si usted no me da esto, yo hago aquello; si usted no me cumple, yo bloqueo la vía; quemo sus instalaciones; ataco a sus trabajadores; o empiezo a crear narrativas falsas sobre sus proyectos».
Lo que termina sucediendo, en la mayoría de los casos, es que la empresa privada se va asustada y espantada por completo. Como mencionamos antes, y para sorpresa de muchos, en no todos los proyectos hay manos ilegales involucradas. Hay grupos terroristas como el ELN, el Clan del Golfo, los disidentes de las FARC, y toda la lista de grupos criminales que existen en Colombia, que se cambian de brazalete de un día para otro, instrumentalizando poblaciones con el supuesto de haber estado allí toda la vida, cuando en realidad llegan con una misión: sacar dinero del sector privado o del Estado para permitir que el proyecto avance.
Hoy la consulta previa y lo estamos viendo con Uchuva 2, en donde el mismo Estado, encabezado por Gustavo Petro, está en contra de lo que hicieron estas comunidades, porque entienden y saben la naturaleza de esa acción. Están tratando de impugnar y ganar este proceso para sacar Uchuva 2 adelante, como lo ocurrido en La Guajira con los parques eólicos fundamentales para la transición energética.
Las comunidades indígenas se interpusieron como «vacas muertas» y lograron expulsar a más de cuatro compañías que ya estaban instalando paneles solares y torres de energía eólica, obligándolas a irse porque los indígenas no lo permitieron. Y podríamos hablar de otros siete o doce hechos que hemos registrado y conocemos perfectamente, que se están dando en el país y que atentan no solo contra la empresa privada, sino contra el Estado y todos los colombianos, impidiendo la ejecución de proyectos de infraestructura, energía, minería estratégica, y más, a menos que se hagan como estas comunidades desean, con quienes ellas eligen.
Hay que preguntarse, por ejemplo, por qué en algunas zonas sí permiten y se asocian con criminales para realizar minería ilegal, pero cuando llega el Estado o una empresa privada, parece crucial que esos proyectos sean bloqueados. Esto ocurre por alguna razón, y todos sabemos cuál es.
La consulta previa no solo debe reformularse, sino que, en buena parte, debe ser eliminada. No se trata de que no se escuche a las comunidades o que no se les tome en cuenta, sino de establecer limitaciones, porque tal como está planteada hoy, es imposible sostener dicho mecanismo. No se puede someter a la mayoría de un país, ni a sus intereses, a los intereses tiránicos, económicos y personales de pequeños grupos extorsivos.
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