Durante las últimas semanas, un escándalo de corrupción en España ha sacudido el panorama político de ese país, dado que está involucrado al exministro de Transporte José Luis Ábalos, un destacado miembro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
Todo comenzó con la detención de Koldo García Izaguirre, exasesor de Ábalos, el pasado 21 de febrero de 2024. García fue arrestado por su presunta participación en una trama de cobro de comisiones ilegales relacionadas con contratos de adquisición de mascarillas durante la pandemia de Covid-19.
A medida que las investigaciones avanzaban, se desveló una conexión entre el exministro Ábalos y un entramado de contratos irregulares que, además, apuntaba a un vínculo con el gobierno de Venezuela.
Cronología del caso de corrupción en España: la relación entre Pedro Sánchez, Ábalos y Delcy Rodríguez
El arresto de Koldo García Izaguirre fue el primer paso de una investigación que rápidamente escaló hasta involucrar a José Luis Ábalos. García, quien era mano derecha de Ábalos cuando este era ministro de Transporte, fue acusado de recibir comisiones ilegales por la firma de contratos que ascendían a 53 millones de euros para la compra de material sanitario.
La investigación sobre este caso reveló que las cuentas de García experimentaron un aumento significativo durante la pandemia, lo que levantó sospechas sobre la legalidad de los contratos adjudicados en ese periodo de urgencia sanitaria.
El caso se fue complicando cuando se identificó a Víctor de Aldama, empresario y presidente del Zamora Club de Fútbol, como otro de los implicados en la trama. De Aldama, con contactos cercanos al gobierno venezolano, actuaba como intermediario entre España y Venezuela, lo que aumentó la dimensión del escándalo.
Desde el inicio, Ábalos se mostró sorprendido y decepcionado por las acusaciones que comenzaron a señalarlo directamente. El exministro aseguró que su gestión durante la pandemia fue transparente y orientada a adquirir material sanitario de manera rápida y efectiva.
El 24 de febrero, Ábalos descartó la posibilidad de dimitir, pero el daño político ya estaba hecho. Dos días más tarde, el PSOE pidió formalmente que entregara su acta de diputado, entendiendo que su continuidad en el partido se había vuelto insostenible. Sin embargo, Ábalos decidió no acatar la petición.
Más detalles del caso: la conexión España – Venezuela
En agosto de 2024, la situación dio un giro inesperado cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil publicó un informe que implicaba a Ábalos en irregularidades mucho más graves. El documento señalaba que el exministro no solo estaba vinculado a la adjudicación de contratos irregulares durante la pandemia, sino también a un oscuro episodio que involucraba la venta de oro venezolano.
Uno de los puntos más controvertidos de la investigación es la visita de Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, a Madrid en 2020. Esta visita, que en su momento ya había causado revuelo en la política española, volvió a salir a la luz en el informe de la UCO.
Según los investigadores, Ábalos organizó este encuentro con la aprobación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a pesar de las sanciones de la Unión Europea que prohibían la entrada de Rodríguez al espacio Schengen.
El «Delcygate», como fue apodado por la prensa ibérica este caso, reveló un posible pacto clandestino entre el gobierno español y el régimen de Nicolás Maduro. El informe de la UCO menciona que durante la visita de Rodríguez se habría negociado una transferencia de lingotes de oro venezolano hacia España. Este oro, que pertenecía al Fondo de Desarrollo Nacional de Venezuela (Fonden), habría sido vendido a Bancasa SA por un valor de 68,4 millones de dólares.
La UCO encontró pruebas de que Ábalos, a través de Víctor de Aldama, había jugado un rol crucial en esta operación. De hecho, el empresario tenía una red de contactos en América Latina que le permitió actuar como intermediario en transacciones de gran envergadura. Además, se reveló que Aldama y Rodríguez mantuvieron reuniones en las que se discutieron «asuntos de gran sensibilidad», entre ellos, la compraventa de oro venezolano.
El escándalo no solo afectó a Ábalos personalmente, sino que también impactó políticamente al gobierno de Pedro Sánchez. El presidente admitió, en un viaje institucional al Vaticano, que estaba al tanto de la visita de Rodríguez y que la reunión se canceló tras conocerse las sanciones que pesaban sobre la vicepresidenta venezolana. Sin embargo, la aprobación inicial de Sánchez para la visita pone en entredicho su gestión del caso y su relación con el exministro de Transporte.
Finalmente, en octubre de 2024, la Fiscalía Anticorrupción pidió al Tribunal Supremo que investigara a Ábalos, lo que marcó un nuevo hito en el escándalo. El exministro, ahora alejado del PSOE, enfrenta cargos que van desde la adjudicación irregular de contratos hasta su papel en una presunta organización criminal que cobró comisiones ilegales durante la pandemia.
Este caso, con ramificaciones tanto en España como en Venezuela, sigue en pleno desarrollo, y aún está por verse cómo afectará a la clase política española y las relaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro.
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