Carlos Hernán Rodríguez Becerra, Contralor General de la República, advirtió sobre un posible «apagón financiero» en el sector energético y organizó una mesa de trabajo para examinar la grave situación que enfrenta el país. El encuentro se realiza en un contexto de creciente alarma por la crisis financiera que afecta a las distribuidoras de energía, las cuales han alertado sobre el riesgo de un racionamiento si no se encuentran soluciones urgentes.
Panorama general: La mesa de trabajo cuenta con la presencia de destacadas personalidades del ámbito gubernamental y del sector energético, como el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach; el Ministro de Hacienda, Diego Guevara; el presidente del Consejo Gremial, Camilo Sánchez; y otros representantes de las empresas de energía y gas.
El objetivo común de los asistentes es hallar alternativas que aseguren el suministro eléctrico durante los próximos meses y eviten un racionamiento.
Apagón financiero: medidas urgentes para enfrentar la crisis energética en Colombia
El Contralor Rodríguez Becerra expresó su preocupación por la gravedad de la situación y subrayó la necesidad de tomar medidas preventivas lo antes posible. Indicó que la Contraloría ha venido realizando un seguimiento exhaustivo de la situación desde finales del año pasado y que ha insistido en la urgencia de adoptar decisiones para evitar una crisis mayor.
«La Contraloría General de la República ha reiterado al Gobierno Nacional la necesidad de tomar las acciones necesarias para prevenir un posible racionamiento de energía», comentó Rodríguez Becerra, destacando que la estabilidad del sistema eléctrico es un asunto prioritario para la nación.
Por qué es importante: Los estudios realizados por la Delegada de Seguridad Energética de la Contraloría a mediados de noviembre han sido clave en la identificación de los puntos débiles del sistema energético. Estos análisis señalaron las vulnerabilidades del sistema eléctrico y subrayaron la necesidad de actuar de manera urgente para evitar una crisis mayor.
«Estos estudios nos permitieron identificar las debilidades del sistema y resaltan la necesidad urgente de adoptar medidas preventivas», indicó Rodríguez Becerra.
Como resultado de la mesa de trabajo, se acordó realizar un desembolso de $800.000 millones, con el objetivo de saldar parte de la deuda acumulada por las distribuidoras de energía. Aunque este desembolso representa un primer paso para aliviar la situación financiera, se reconoce que aún existen otros desafíos por resolver, especialmente en relación con la sostenibilidad a largo plazo del sistema energético y gasífero.
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