En un giro inesperado, la administración del presidente Donald Trump decidió dar marcha atrás en una de sus más controvertidas políticas migratorias: la cancelación masiva de registros migratorios de estudiantes internacionales.
Una medida que puso en riesgo el estatus legal de miles de jóvenes provenientes de todo el mundo que cursaban estudios en universidades estadounidenses.
En el centro de la disputa se encontraba una medida impuesta por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a principios de ese mes, que resultó en la cancelación de registros del sistema SEVIS, una base de datos crucial que utilizan las instituciones académicas para reportar el cumplimiento de las condiciones migratorias de los estudiantes extranjeros.
Trump: Estudiantes internacionales ganan batalla legal tras cancelación masiva de registros SEVIS
Los registros SEVIS son esenciales para que los estudiantes internacionales mantengan su visa F-1 activa. La decisión del ICE generó confusión e incertidumbre, ya que en muchos casos las universidades no fueron notificadas de las cancelaciones, y los estudiantes descubrieron que su estatus migratorio había sido revocado de forma repentina, sin explicación ni proceso de apelación.
La controversia se intensificó luego de que surgieran reportes de estudiantes afectados por la medida, a pesar de no haber infringido ninguna ley.
Algunos de los casos documentados incluían a jóvenes que habían sido arrestados, pero nunca enfrentaron cargos formales, o cuyos casos fueron desestimados, pero que aun así vieron cancelados sus registros.
Frente a esta oleada de demandas individuales y colectivas presentadas en estados como Massachusetts, California y Nueva York, el Departamento de Justicia evitó inicialmente responder directamente si las acciones del ICE implicaban la pérdida automática del estatus migratorio. Sin embargo, la presión de las cortes obligó a la administración a replantear su posición.
Cambio de rumbo ante presión judicial
El viernes por la mañana, en vísperas de audiencias cruciales en varios tribunales federales, el Departamento de Justicia comunicó formalmente que revertía la cancelación de los registros SEVIS para los estudiantes que habían interpuesto acciones legales contra el gobierno.
Aunque la medida fue recibida con alivio por parte de los estudiantes afectados, expertos en migración han señalado que esta solución es parcial.
La restauración de registros aplica únicamente a quienes presentaron demandas, lo que deja fuera a un número indeterminado de estudiantes que no pudieron iniciar procesos legales, en muchos casos por miedo a represalias o falta de asesoría legal.
Además, la resolución judicial no afecta las decisiones que pueda tomar el Departamento de Estado con respecto a la revocación de visas, lo cual mantiene un grado importante de vulnerabilidad para miles de estudiantes.
Las universidades estadounidenses jugaron un papel fundamental en la presión hacia el gobierno federal. Instituciones como Harvard, MIT y la Universidad de California lideraron acciones legales argumentando que la política violaba derechos constitucionales, interrumpía el calendario académico y comprometía gravemente el bienestar de su comunidad estudiantil internacional.
A su vez, fiscales generales de varios estados acusaron al gobierno federal de actuar con “arbitrariedad e ilegalidad”, al cancelar registros sin pruebas sustanciales ni procedimientos adecuados.
La medida fue interpretada por algunos analistas como un intento más de la administración Trump por endurecer las condiciones de permanencia para extranjeros en el país.
Aunque la política fue revertida bajo presión judicial, el episodio ha dejado huellas profundas. Para muchos estudiantes, significó semanas de incertidumbre, riesgo de deportación y perjuicios académicos y emocionales.
Organizaciones de derechos civiles han advertido que este tipo de acciones erosiona la confianza de las comunidades migrantes y desalienta la llegada de talento internacional a las universidades estadounidenses.
Este caso representa un nuevo capítulo en el historial de medidas migratorias restrictivas que marcaron la era Trump. La forma en que fue revertida gracias a la presión judicial y social demuestra el peso de las instituciones y la sociedad civil en la defensa del estado de derecho y los derechos de los migrantes.
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